Caracas comienza a respirar un aire distinto, no es todavía el de una economía recuperada ni el de un país que ha resuelto sus contradicciones, pero sí el de una ciudad donde vuelven a celebrarse reuniones, discutirse proyectos, explorarse inversiones y reconocerse oportunidades que durante años parecían imposibles, y lo mismo empieza a sentirse en las ciudades vinculadas a la nueva dinámica petrolera, donde existe un campo por recuperar, una infraestructura por rehabilitar o una operación por desarrollar, y donde vuelven a aparecer empresarios, técnicos, financistas, proveedores y profesionales dispuestos a participar en algo que Venezuela conoce bien: la esperanza de volver a producir.
Sin embargo, entre la oportunidad que se anuncia y la operación que finalmente se ejecuta existe una distancia que muchos todavía no comprenden, porque una cosa es abrir una puerta y otra muy distinta es conseguir que todos puedan atravesarla, y esa brecha no es un problema de actitud ni de voluntad sino de arquitectura, de los mecanismos concretos que deben existir para que una inversión llegue, se instale y produzca resultados verificables en lugar de quedarse atrapada en el espacio entre el anuncio y la realidad.
Las sanciones continúan existiendo, algunas restricciones se han flexibilizado, ciertas actividades cuentan con autorizaciones específicas y algunos espacios de negociación comienzan a encontrar un camino, pero sería ingenuo interpretar esa flexibilización como la desaparición del problema, porque el sistema de sanciones no funciona como un interruptor que alguien enciende o apaga sino mediante condiciones, exclusiones, autorizaciones, responsabilidades y obligaciones de cumplimiento que en la práctica pueden convertir una transacción aparentemente sencilla en un complicado ejercicio jurídico y financiero, y esa complejidad no la elimina la buena disposición de ninguna de las partes.
Las instituciones financieras escuchan, algunas muestran interés, otras comienzan a estudiar operaciones y unas cuantas intentan comprender cómo participar sin comprometer sus responsabilidades regulatorias, pero todas tienen razones para actuar con cautela, no porque falte voluntad sino porque un banco no solamente debe preguntarse si una operación es comercialmente atractiva, sino si puede procesarla, documentarla, justificarla y defenderla frente a sus reguladores, y cuando trasladamos esa realidad al sistema financiero estadounidense el desafío puede ser todavía mayor, porque para muchos bancos norteamericanos Venezuela continúa representando una combinación de complejidad regulatoria, riesgo reputacional y escasa familiaridad operativa que los lleva a preferir no dedicar recursos a interpretar oportunidades que desde sus escritorios pueden parecer pequeñas frente al tamaño de las contingencias que eventualmente podrían enfrentar.
Entonces aparece la paradoja: una operación puede encontrarse legalmente autorizada y sin embargo carecer de una institución financiera dispuesta a ejecutarla, porque la autorización jurídica no equivale automáticamente a la aceptación bancaria, y lo mismo ocurre con los seguros y reaseguros, ya que la industria petrolera necesita proteger activos, instalaciones, trabajadores, equipos, responsabilidades y operaciones, y sin seguros adecuados no existe una gestión razonable del riesgo, pero la pregunta sigue siendo cómo estructurar una operación de manera que una aseguradora, un reasegurador, sus intermediarios y las instituciones que movilizan los pagos puedan participar dentro de un marco regulatorio claramente verificable, porque no basta con afirmar que existe una licencia de OFAC sino que es necesario demostrar su aplicabilidad, entender sus condiciones, identificar a las partes involucradas y construir una documentación de cumplimiento que permita sostener una conversación seria con quienes finalmente deben aprobar la transacción.
La confianza no se decreta, se documenta, se verifica y finalmente se construye, y quizás este sea uno de los asuntos menos discutidos de la nueva apertura: que cada oportunidad que comienza a materializarse descubre casi inmediatamente dos o tres dificultades que nadie había terminado de resolver, porque se identifica un campo petrolero pero todavía debe estructurarse su financiamiento, se consigue un proveedor pero hace falta determinar cómo pagarle, se obtiene una autorización pero el banco corresponsal solicita explicaciones adicionales, se consigue capital pero persisten preguntas sobre las garantías, la seguridad jurídica y la posibilidad de recuperar la inversión, y ninguno de esos obstáculos es menor ni administrativo sino parte esencial de una economía que intenta reconstruir relaciones con el sistema internacional después de años de profundas restricciones y desconfianza.
Sería injusto desconocer los avances y también sería irresponsable exagerar sus resultados, porque Venezuela no necesita únicamente nuevas inversiones sino que necesita que las instituciones, tanto nacionales como internacionales, sean capaces de traducir esa apertura en operaciones ordinarias, confiables y sostenibles, y para ello hacen falta respuestas coordinadas: las autoridades responsables de las autorizaciones deben ofrecer claridad, los reguladores financieros criterios comprensibles, los bancos procedimientos viables y las empresas estructuras transparentes capaces de resistir cualquier revisión.
Pero hay un asunto todavía más profundo, y es que Venezuela intenta construir un futuro económico mientras sigue cargando las consecuencias políticas, jurídicas e institucionales de su pasado, porque durante años se acumularon decisiones, confrontaciones, desconfianzas y heridas que no desaparecen por la aparición de una nueva oportunidad comercial, y los vestigios de aquel enojo que produjo rupturas profundas continúan presentes, de manera que no basta con sustituir el lenguaje de la confrontación por el de la inversión si los mecanismos institucionales que deben sostener esta nueva etapa siguen sin ofrecer garantías suficientes, ni tampoco podemos pretender que el mundo financiero olvide de un día para otro lo que durante años aprendió a considerar un riesgo, porque la reconstrucción de la confianza tiene su propio calendario y normalmente avanza más despacio que las expectativas políticas y comerciales.
Me entusiasma ver oportunidades donde antes solamente se hablaba de cierres, me parece alentador que regresen conversaciones empresariales, que se estudien proyectos y que profesionales y compañías vuelvan a imaginar su futuro en Venezuela, pero también considero indispensable advertir que el optimismo por sí solo no financia un proyecto, no asegura una operación y no elimina una restricción, porque la recuperación exige algo más difícil que despertar expectativas: exige convertirlas en instituciones confiables, mecanismos operativos y reglas que sobrevivan a las circunstancias políticas del momento.
Quizás la gran tarea de esta etapa no sea abrir más puertas sino asegurarnos de que las que ya se están abriendo conduzcan verdaderamente a alguna parte, porque oportunidades hay, esperanza también, y deseos probablemente más que nunca, pero no debemos confundir el movimiento con la transformación ni la posibilidad con la certeza, porque Venezuela puede estar comenzando una nueva etapa económica, y lo que todavía debemos demostrar es si estamos dispuestos a construir las condiciones institucionales que permitan sostenerla.
Rafael Egáñez Anderson
