«Qué difícil es renacer en Venezuela cuando se tiene 65 años».
La frase la pronuncia José Márquez, quien perdió su vivienda tras los terremotos del 24 de junio de 2026 en La Guaira. Vivía junto a su esposa, una docente universitaria jubilada, y uno de sus hijos, en un apartamento propio ubicado en la urbanización Los Corales de Caraballeda.
El edificio donde residía quedó inhabitable y fue identificado con una etiqueta roja. Aunque todavía espera una tercera inspección que determine oficialmente su destino, Márquez considera que el inmueble podría correr la misma suerte de otras edificaciones de la entidad que ya han sido derribadas mediante implosiones.
Sin vivienda y ante la posibilidad de perder definitivamente el inmueble que adquirió hace dos décadas, el hombre acudió a una entidad bancaria para conocer los requisitos que debía cumplir para optar por un crédito destinado a la adquisición de una nueva vivienda dentro del programa Venezuela Renace. La respuesta que recibió fue que, por su edad, no era elegible.
«La verdad es que me parece sumamente injusto porque yo no estoy buscando comprar un apartamento de vacaciones o comprar otra casa por decisión propia. Fuimos víctimas de un terremoto. Quedamos sin techo por una causa de fuerza mayor y el gobierno de Delcy Rodríguez debería garantizar a las personas que hemos sido víctimas, sin importar nuestra edad, el beneficio de una vivienda», explica Márquez.
Mientras intenta encontrar una alternativa, él, su esposa y su hijo permanecen en un refugio solidario: duermen en un sofá cama ubicado en la sala de una familia que les abrió las puertas de su casa.
La edad se convierte en una barrera
El caso de Márquez no es aislado. El Pitazo conversó con al menos nueve personas que perdieron sus viviendas como consecuencia de los terremotos del 24 de junio y que actualmente tienen más de 60 años. Todas relataron dificultades para acceder al financiamiento bancario necesario para comprar una nueva vivienda.
Los afectados aseguran que cuentan con parte de los documentos exigidos para solicitar el crédito, algunos hasta con ahorros que faciliten la negociación, pero que la edad se convirtió en la limitación más importante cuando acudieron a entidades bancarias públicas y privadas.
«Cuando tu lees los recaudos que exigen, en ningún lugar se pone edad máxima, pero cuando llegas al banco, te lo dicen o te reciben la carpeta y te dicen que puede tardar, porque la gente de nuestra edad, es para ellos un cliente de riesgo», señala Anelena Macías, quien residía en Las Quince Letras en Macuto hasta el 24 de junio y a sus 67 años se ha quedado sin techo.
Un representante de una agencia bancaria consultado por El Pitazo para este trabajo, quien pidió mantener su identidad en reserva, explicó que el problema está relacionado con «el riesgo que representa para las instituciones financieras otorgar créditos hipotecarios a personas de avanzada edad, especialmente cuando se trata de jubilados con ingresos limitados».
«En estos casos podría ser un crédito directo con el Estado y que fuese el propio Estado venezolano el que asume el riesgo, pero para la banca es muy difícil dar respuesta a las solicitudes de personas de la tercera edad, que la mayoría también se encuentran jubilados y, entonces, en su rango de edad ya representa un riesgo», explicó.
El representante agregó que los ingresos de muchos de estos afectados tampoco serían suficientes para asumir el costo de una nueva vivienda, lo que dificulta todavía más la aprobación del financiamiento.
La opción del fiador
Marcela Rodríguez, comerciante de 66 años, es otra de las afectadas. Tenía un emprendimiento que mantenía desde su vivienda en Playa Grande. El edificio donde residía sufrió un colapso estructural y Rodríguez perdió simultáneamente su casa y el espacio desde donde trabajaba.
«En mi caso intenté ser beneficiaria a través de créditos para emprendedores y por un tema de la edad me dijeron que no era candidata para el mismo y luego también en el tema de la vivienda ha sido igual», relató.
En uno de los bancos a los que acudió le plantearon una alternativa: incorporar a un fiador o a otra persona que asumiera la responsabilidad por el crédito.
«Eso implica también que esta persona debe llevar los mismos recaudos, los recaudos de sus ingresos para que el banco pueda trabajar. El tema, la verdad, se hace muy engorroso, sobre todo para quienes no tenemos un techo en estos momentos», señaló Rodríguez.
La posibilidad de incorporar a un tercero como respaldo también fue confirmada por agentes inmobiliarios del litoral central consultados por El Pitazo. Explicaron que esta alternativa puede ser viable, aunque las entidades bancarias mantienen criterios estrictos para evaluar la capacidad de pago y las garantías de quienes solicitan el financiamiento.
Uno de los agentes consultados señaló que la edad «se está convirtiendo en un gran problema» para los afectados por los terremotos que buscan asesoría para comprar una vivienda. «A nuestros clientes le decimos que busque a un hijo o a un nieto que puedan respaldar el crédito».
«Si es injusta, posiblemente sí, porque la persona no está haciendo una compra o una inversión por un gusto, sino por una necesidad, porque perdió su vivienda por el doble terremoto», sostuvo el agente inmobiliario que pidió la reserva de su identidad.
Aclaró que la banca mantiene sus mecanismos de evaluación de riesgo y que, en estos casos, los solicitantes pueden incorporar fiadores o avales que permitan demostrar capacidad de pago y respaldo para asumir la deuda, si es que la entidad bancaria lo permite.
Mientras, adultos mayores como Marquez, Macías y Rodríguez, buscan opciones en donde su edad, no sea obstáculo para reiniciar sus vidas, puestas en pausa por el doble terremoto.
