Delcy Rodríguez, en su condición de presidenta encargada, anunció este jueves que instruyó a los cuerpos de seguridad a que “ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito”.
La frase, pronunciada en un mensaje a la nación en el que también garantizó el derecho a pensar distinto y a la protesta pacífica, ha sido leída por sectores de la oposición y observadores como un reconocimiento implícito de que, durante años, el aparato de seguridad del chavismo actuó al margen de esa misma garantía constitucional.
Organizaciones de derechos humanos han documentado de manera reiterada detenciones arbitrarias, sin orden judicial previa, especialmente en contextos de protesta o disidencia política. Que la máxima autoridad del Ejecutivo tenga que emitir ahora una instrucción expresa para que se respete el debido proceso sugiere, según esta lectura, que esa práctica no era la excepción, sino una forma habitual de operar.
El anuncio se produce en medio de un proceso de “transformación” que el gobierno de Rodríguez ha impulsado tras asumir el cargo, que incluye liberaciones de presos, revisión de casos bajo la Ley contra el Odio y llamados al diálogo. Sin embargo, el solo hecho de tener que ordenar lo que la Constitución ya establece deja en evidencia, para muchos, el contraste entre el discurso actual y la conducta previa del Estado.
La pregunta que queda en el aire es si esta instrucción se traducirá en cambios reales en el terreno o si se quedará, una vez más, en el plano declarativo.
