El régimen marcó el inicio de facto de una temporada navideña impuesta el 1 de noviembre de 2026, siguiendo los pasos del preso Nicolás Maduro. Decretada por la encargada Delcy Rodríguez, la medida replica una vieja fórmula de propaganda estatal que este año roza el absurdo.
Mientras el cielo de ciertos sectores privilegiados se inundaba con el estruendo y el brillo de fuegos artificiales pagados por el Estado, en las mismas ciudades millones de ciudadanos padecían la humillación de quedarse a oscuras (0:33), exponiendo el absoluto sin sentido de una celebración obligatoria en un país en ruinas (0:41).
Desde la tarima del festival Venezuela Renace Fest, el bloque oficialista intentó vender una narrativa de alegría y reactivación económica. Sin embargo, el despliegue de luces gubernamentales y la pirotecnia no logran camuflar la profunda crisis institucional, que arrancó con la remoción de Nicolás Maduro de Miraflores el tres de enero y las recientes acusaciones formales de la justicia estadounidense por conspiración para cometer torturas contra ciudadanos y opositores. El festejo, en este contexto, se evidencia como una maniobra distractora insostenible.
El sin sentido: Luces artificiales vs. apagones de 12 horas
La desconexión del decreto con la realidad cotidiana de los venezolanos es total. Al interior del país, las comunidades se mantienen en una lucha diaria por la supervivencia debido al colapso absoluto de la infraestructura pública (0:33). Mientras las cámaras de la televisión estatal transmitían el encendido en las plazas principales, en los sectores vecinos la población reportaba cortes de luz crónicos que se extienden de 6 hasta 12 horas diarias.
La contradicción raya en el insulto: los mismos ciudadanos que sufren la pérdida de sus pocos alimentos por la falta de refrigeración y cuyos hijos no pueden estudiar a oscuras, eran testigos del derroche energético y de recursos en adornos gubernamentales. Dirigentes sindicales y vecinales han denunciado con indignación este contraste, señalando que la verdadera felicidad no se decreta desde un palacio gubernamental, y menos cuando los trabajadores perciben ingresos de hambre que ni siquiera cubren la canasta alimentaria básica.
Celebración bajo los escombros y detrás de los barrotes
El argumento más doloroso contra este ambiente de fiesta forzada se vive en el norte del país. El estado La Guaira y otras regiones costeras continúan severamente golpeadas por los efectos del doblete sísmico del pasado 24 de junio, cuyos temblores de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron cicatrices profundas en la geografía nacional. A meses del desastre, miles de familias siguen damnificadas, viviendo en condiciones precarias o directamente en las calles. Para estas víctimas, ver el cielo iluminarse por pirotecnia oficial mientras no tienen un techo seguro donde pasar la noche es la prueba definitiva de la indolencia estatal.
A este panorama de abandono social se le suma la herida abierta de la persecución política. Organizaciones como el Foro Penal recuerdan que al menos 322 prisioneros políticos pasarán estas fechas encerrados en centros de detención. Los comités de familiares han alzado la voz para exigir una verdadera «Navidad sin presos políticos», denunciando que las familias venezolanas tienen sus mesas vacías o incompletas debido a las detenciones arbitrarias.
La idílica estampa decembrina que el poder central pretende imponer choca de frente contra una realidad inocultable y que denota un total despropósito político. En la Venezuela actual, el destello efímero de los fuegos artificiales oficiales solo sirve para iluminar, por unos segundos, la profunda oscuridad y el abandono en el que sobrevive su población.
La crisis latente
En la acera opuesta, los sectores críticos, líderes sindicales y organizaciones de derechos humanos catalogan la festividad forzada como una dolorosa desconexión con la realidad humanitaria del país (0:33). El principal argumento opositor se centra en las secuelas de los terremotos del pasado 24 de junio, cuyos movimientos telúricos de magnitudes 7.2 y 7.5 devastaron gravemente la infraestructura del norte de la nación, ensañándose de forma particular con el estado La Guaira.
A pesar del despliegue festivo, activistas locales y portavoces políticos de la oposición denuncian que la población civil sufrió profundamente la tragedia de estos sismos y sigue sin ser escuchada ni atendida de manera integral. La persistencia de familias damnificadas pernoctando en la intemperie o en refugios improvisados expone una fractura social evidente: mientras la capital se adorna con alumbrados de alto costo (0:33), amplios sectores civiles carecen de un techo seguro. Los críticos señalan que los fondos e infraestructura destinados a decoraciones masivas deberían ser redirigidos de emergencia a soluciones habitacionales definitivas y al auxilio de las víctimas del desastre natural.
Distracción política y asfixia económica
El cuestionamiento a las «navidades decretadas» va más allá del desastre sismológico. Históricamente, el uso del calendario festivo por parte del ejecutivo venezolano ha funcionado como una estrategia para mitigar la presión internacional o tapar crisis internas (6:08). Analistas asocian la insistencia de este decreto con la necesidad de desviar la atención pública de eventos judiciales críticos, tales como las recientes acusaciones de la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por conspiración para cometer torturas.
A esta maniobra de distracción política se le suma la asfixia económica de los hogares (0:33). De acuerdo con estimaciones gremiales, una cena navideña básica para una familia de seis personas demanda entre $160 y $200 dólares (1:31), una cifra inalcanzable frente a un salario mínimo oficial congelado en 130 bolívares mensuales (2:19). Asimismo, la crisis de los servicios públicos empaña la atmósfera de celebración obligatoria (0:33). En múltiples regiones del interior del país, los ciudadanos reportan cortes de luz crónicos que se extienden hasta por 12 horas diarias, transformando los despliegues de luminarias gubernamentales en una contradicción insostenible para las comunidades que permanecen a oscuras (0:33).
Por último, los comités de defensa recuerdan que el país inicia la temporada con más de 300 prisioneros políticos tras las rejas (4:41), lo que mantiene activas las campañas ciudadanas bajo el lema «Navidad sin presos políticos» (4:14). La Navidad adelantada en Venezuela expone, de este modo, una profunda paradoja: la imposición de una aparente normalidad festiva patrocinada desde el palacio de gobierno, frente al dolor persistente de un pueblo que lidia simultáneamente con la fractura de sus servicios, la asfixia de sus ingresos y las heridas abiertas de una geografía que aún sigue en el suelo.
