Artículo 336 de la CRBV: “Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución”.
No tardó Chávez en percatarse de que la Constitución, por él impulsada en 1999, contenía en gran parte de sus entrañas principios y normas que limitaban la concreción del proyecto castrochavista que abrazó poco tiempo después hasta su muerte. Entendió que no era el traje a la medida para llevar adelante el socialismo del siglo XXI, centrado en el paradigma ceresoliano de la unión cívico-militar. Su propuesta de una amplia reforma constitucional negada por referendo popular; la aprobación de la enmienda que puntualmente estableció la reelección indefinida para todos los cargos ejecutivos de elección popular, atentatoria contra el principio constitucional de la alternabilidad, y la permanente violación de esos principios y normas, así como decisiones judiciales y de facto, testimonian este señalamiento.
Con el paquete de 49 decretos leyes, en ejercicio de la segunda ley habilitante —de cuatro en total que dieron pie a 233 decretos leyes—, se inició una práctica fraudulenta conforme a la cual la Asamblea chavista de entonces dejó de ser un contrapeso para Chávez en su omnímodo poder, para darle forma a un entramado inconstitucional conformado por: el Estado socialista y comunal, el poder popular por encima del poder público, la afectación de la propiedad individual, la creación de la milicia como componente embrionario de los colectivos, el centralismo, así como las leyes, decisiones y actos “extraconstitucionales”, que en suma constituyen un fraude continuado a la Constitución.
Maduro, por su parte, en esa misma onda fraudulenta, contó con dos leyes habilitantes y por esta vía promulgó 56 decretos leyes que le permitieron legislar de manera abierta e ilimitada. Estas leyes habilitantes tendrían en total una vigencia de veintiún meses, hasta el 31 de diciembre de 2015. Ambas también tuvieron el propósito de consolidar un sistema político ajeno a los términos contenidos en la Constitución de 1999 y a la decisión soberana que rechazó la reforma que la planteaba.
Con la pérdida del control parlamentario, en las elecciones del 6 de diciembre de ese año, en las que la oposición obtuvo una mayoría calificada, se les atascó la anuencia del comodín de la Asamblea. No tuvieron reparo en cercenarla y declarar la omisión legislativa, así como el “desacato”, que finalmente devino en el bodrio de una “Constituyente” que les permitió mantener secuestrado el Poder Público mediante el fraude con sus propias leyes “constitucionales”.
La alteración de este contexto, a partir del 3 de enero, nos ha llevado en lo que va de año a situaciones tan inéditas como inconcebibles. Detalles aparte, estamos a punto de materializar una importante fase de reinstitucionalización: la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, los cuales funcionarán de inmediato para cumplir con exigentes agendas.
En el caso del nuevo TSJ, el reto es de dimensiones ciclópeas. El saneamiento del marco jurídico para una correcta administración de justicia impone lo que hemos denominado como el proceso de constitucionalización de ese sistema, necesario para el retorno del Estado democrático de Derecho y Justicia que consagra el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Será fundamental el desempeño de su Sala Constitucional en este sentido. No se puede obviar el fraude a la Constitución antes mencionado. Representa una anomalía que debe ser corregida de manera eficaz y oportuna porque es la fuente de todo un aparataje del que aún dispone este régimen residual para seguir actuando inconstitucionalmente en lo judicial y político, generando injusticias y dando sustento a sus actos y decisiones fraudulentas, especialmente en el ámbito militar.
Consideramos que la derogación de la Ley Constitucional de la FANB, la Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y lo que queda de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; así como la anulación de la sentencia de la Sala Electoral del TSJ que convalidó el fraude electoral del 28 de julio de 2024, deben ser objetivos prioritarios en la actuación de la próxima Sala Constitucional.
Seguiremos abordando el tema.
IG: @vabolivar


