Morfema Press

En julio de 2018, Control Ciudadano publicó un modesto informe que daba cuenta del entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela. El primero en su tipo, que determinaba el número de órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, institutos autónomos y fundaciones del Estado, adscritos al Ministerio del poder popular para la Defensa, sistematizando la información disponible de carácter público, hasta entonces, sobre el objeto, fecha de creación, composición accionaria y autoridad militar al frente de las mismas.

Por: Control Ciudadano

Sin embargo, ha continuado la activación de empresas militares en Venezuela, por parte del Ejecutivo nacional, a pesar de la crisis económica. No obstante, se desconoce el estado de funcionamiento de las mismas, pues no son públicos los estados financieros, la memoria y cuenta de ninguno de los cuarenta y cuatro (44) entes de diferente naturaleza jurídica, que se ha podido determinar para la elaboración de este informe, se encuentran adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, categorizados como empresas militares.

Al menos una empresa militar ha sido creada a partir de 2018, desde la publicación del informe de Control Ciudadano. Se trata de la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, S.A., (EMASPROFORN) en diciembre de 2020, así como el servicio desconcentrado para la gestión y administración de las zonas económicas especiales militares de carácter industrial y productivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEZEEMFANB). También se han creado dos zonas económicas especiales militares que complementan “por ahora” el portafolio de empresas militares adscritas al Ministerio del poder popular para la Defensa. Una en el Estado Aragua y otra que abarca territorios de los Estados Bolívar y Delta Amacuro, como se explicará más adelante.

En Venezuela el acceso a la información pública es muy restringido, y sobre temas vinculados a la Fuerza Armada Nacional, aún más limitado y en algunos casos inexistente. A pesar de ello, hemos querido dar una panorámica de todas las empresas y servicios militares que actualmente existen en Venezuela, adscritos al Ministerio del poder popular para la Defensa para poner atención, especialmente, en las últimas empresas (CAMIMPEG y EMASPROFORN), así como las zonas económicas militares especiales creadas, con el fin de visibilizar el tamaño y competencias que viene ejerciendo esta burocracia militar, el salto cualitativo de competencias que ha comenzado a asumir la Fuerza Armada Nacional, alejándose de las funciones constitucionales que tiene asignada, para incentivar con esta publicación, el debate sobre las reformas necesarias, que permitan adecuar la institución militar a estándares legales de funcionamiento, eficiencia y control democrático.

Expansión de actividades al margen de la constitución

El tamaño de la estructura burocrática militar ha ido en crecimiento en las últimas décadas en Venezuela, hasta llegar en la actualidad a estar conformado por cuarenta y cuatro (44) empresas militares, órganos desconcentrados, entes descentralizados, institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones y asociaciones civiles, adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Parte de la burocracia de empresas militares, ya existía previo a la llegada de Hugo Chávez Frías al poder en 1998, sin embargo, durante su gobierno se expandió, para consolidarse en la gestión de Nicolás Maduro y orientarse hacia la explotación de actividades estratégicas asociadas al petróleo, los minerales, industria en general y servicios ambientales, algo nunca antes visto en la historia de la Fuerza Armada Nacional y ciertamente cuestionable, dadas las ya exigentes funciones constitucionales que tiene asignada la Fuerza Armada Nacional, de garantizar la soberanía e integridad del espacio geográfico nacional, que no están resultando eficazmente cumplidas.

Las características comunes que presentan los órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, institutos autónomos y fundaciones del Estado, adscritos al Ministerio del poder popular para la Defensa son las siguientes:

• No son capaces de exhibir a la fecha dividendos ni transparencia pública de su gestión.
• La suscripción de contratos y prestación de bienes y servicios de estos entes son completamente opacos para la sociedad.
• Se desconoce si están realizando las rendiciones físico financieras ante la Contraloría General de la República y la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, según el caso, de acuerdo a la Ley.
• Las competencias que tienen asignadas en muchos casos se solapan. Y en otros, las empresas, ejercen claramente funciones inconstitucionales, pues son incompatibles con las que tiene atribuida la FANB. En el caso concreto de CAMIMPEG y EMASPROFORN con funciones de explotación ambiental irreconciliable con la función de guardería ambiental que tiene asignada la institución militar.
• Sus competencias, bienes y servicios, no están solo dirigidos, hacia la Fuerza Armada Nacional y los efectivos militares, sino en la mayoría de los casos al público en general, lucro y explotación de bienes públicos y recursos naturales. Y en algunos casos orientados al mercado nacional e internacional.
• A pesar de la proliferación y competencias asignadas, no satisfacen las demandas logísticas propias de la FANB, ni hay evidencia que han motorizado la economía productiva del Estado y el desarrollo integral de la Nación, o aumentado el apresto operacional de los componentes armados.
• En general son un archipiélago de empresas creadas para manejar recursos, con amplios márgenes de discrecionalidad, repitiéndose casi todas, en la misión estatutaria que tienen establecida.

Conclusiones del informe

• A través de esta investigación hemos podido determinar el objeto de cada uno de los órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, institutos autónomos y fundaciones del Estado, adscritos al Ministerio del poder popular para la Defensa, sin embargo, como se indicó supra, se desconoce la información sobre el alcance de las actividades que realizan. El Ministerio del poder popular para la Defensa, no publica la memoria y cuenta desde el año 2015. Y no hay disponibilidad de acceso a la información sobre las memorias y cuentas de los años 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 de dicho ministerio, siendo muy limitadas en la información, las memorias y cuentas de los años 2011, 2013 y 2014. Con la cual la opacidad es completa y deliberada, violándose el derecho de acceso a la información que tenemos los venezolanos sobre la gestión de la administración y recursos del Estado.
• A pesar de la propaganda oficial, no se evidencian logros tangibles de producción de las empresas adscritas al Minsiterio del poder popular para la Defensa. La página web del Ministerio, refiere al “Motor Industrial Militar 2016 -2026”, pero no presenta contenido, alcance de los resultados, ni actualiza información. Tampoco datos o logros de los órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, institutos autónomos y fundaciones del Estado, adscritos al Ministerio del poder popular para la Defensa. La mayoría de estos simplemente no se mencionan.
• Dentro de la EHC, el gobierno está buscando alternativas con que cubrir gastos del sector castrense. Estas opciones se manifiestan en la creación de zonas económicas especiales militares que permitan generar algún negocio. Es de esperar que se decreten más zonas de este tipo en cualquier parte del país que tenga algún potencial rentable.
• En las empresas y decretos revisados, salta a la vista el irrespeto al tema ambiental. Se le considera sólo como un depósito de bienes y servicios que están allí a disposición del que llegue primero. Es muy posible que veamos en poco tiempo como proliferan estas zonas económicas especiales militares, dentro de más Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Ya tenemos algunas muestras, aunque no militares, en algunos parques nacionales: Los Roques y El Ávila- Waraira Repano.
• CAMIMPEG es la estrella de las empresas militares. Su ascenso no ha debido ser fácil. Tuvo que desplazar a PDVSA del control minero y hacerse con la potestad ambiental sobre el patrimonio de todos los venezolanos.
• SEDEZEEMFANB, viene a reforzar el control militar en el Arco Minero y en los tres estados del sur del país. Aunque en principio, su ubicación está circunscrita a los municipios Sifontes de Bolívar y Antonio Díaz de Delta Amacuro. Las aguas dulces y saladas entran dentro de sus competencias. El 80 % agua dulce superficial del país y la producción hidroeléctrica, ya vulnerados, corren más riesgos. Así mismo, los ríos y el mar son las autopistas hacia otras fronteras. Las ABRAE, más de 30, presentes en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro y hasta la desembocadura del Orinoco al Atlántico, están bajo su jurisdicción, sin ningún tipo de contraloría.

Recomendaciones

• Es imperativo la restitución de la institucionalidad en el sector castrense.
• Es necesario el resguardo de la Nación y se hace un llamado a los militares a que retomen sus funciones.
• Hay que restaurar la institucionalidad ambiental, y los centros de generación de conocimiento, recuperando dentro de lo posible, los espacios intervenidos, en fin, proteger nuestro patrimonio natural.
• Respetar, proteger y permitir el desarrollo de la vida y culturas indígenas.
• Ratificar el Convenio de Minamata y honrar los compromisos de todos los convenios internacionales adquiridos.
• Es urgente que se firme el ejecútese a la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonia.
• Tal como se señaló, la voracidad de afectar amplias zonas del territorio nacional para colocarlas bajo régimen militar es un fenómeno en expansión en Venezuela. Una tendencia que está siendo fortalecida con la creación, por ahora, de dos Zonas Económicas Especiales Militares, que además pasan a ser zonas de negocios económicos para la FANB. Estos regímenes especiales de ordenamiento territorial no pueden continuar generalizándose en términos de afectación del territorio y los derechos de las personas, mucho menos para ser ahora gestionados por empresas militares.
• Es urgente una auditoria del entramado de empresas militares, pero, además, la disolución de la mayoría, con una reingeniería organizacional que ajuste sus actividades a la ley y oriente sus funciones actuales, hacia los sectores públicos o privados que corresponda, salvaguardando el patrimonio público y propiciando la transparencia y rendición de cuentas.
• Finalmente, es necesario derogar los decretos de creación del arco minero, de CAMIMPEG, de SEDEZEEMFANB y de La Fuerza Armada Nacional no puede tener atribuidas funciones de guardería ambiental y ser titular del derecho de explotar y destruir el medioambiente en Venezuela.

El informe completo de Control Ciudadano lo puedes leer siguiendo este enlace