La ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, enfrenta duras críticas y solicitudes de dimisión debido a la indignación que generó su último desvarío, propio de una ideología «progresista» fuera de control, que la llevó a defender que los niños tengas relaciones sexuales, incluso con adultos si el contacto físico es consentido, lo que se traduce en una abierta apología a la pedofilia.
Por: PanamPost
Ante el natural escándalo que desataron sus palabras, Vox, Ciudadanos y el Partido Popular (PP) decidieron pedir públicamente su renuncia.
Sus declaraciones fueron explícitas y juegan en su contra. «Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quienes les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos», dijo Montero este miércoles ante la Comisión de Igualdad del Congreso al referirse a los menores de edad.
El afán de la dirigente de Podemos y pareja de Pablo Iglesias fue destacar la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI). Al hacerlo dejó al descubierto lo que los promotores del pin parental han denunciado por años: la ESI conduce a la ideologización de la educación, la hipersexualización y, en el peor de los casos, la pedofilia.
Buscan sustituir a las familias por el Estado
El pin parental busca ser un escudo para los padres que no están de acuerdo con que sus hijos reciban este tipo de educación. Pero Montero ha luchado incansablemente para que esta excepción no pueda ser aplicada.
«Es un derecho [la educación sexual] de los niños y las niñas, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho, tienen derecho, a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia», declaró Montero, haciendo particular énfasis en la frase «si ellos no quieren», lo que abre la puerta a una pedofilia supuestamente consentida.
Entonces, por medio del Estado, pretende arrebatar a los padres la patria potestad garantizada en la Constitución, con la excusa de una supuesta preocupación por los menores. El artículo 39 establece que «los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia».
