La justicia venezolana inició una serie de reformas en el sistema de justicia y ha reportado “avances” en materia de DDHH, pero para los activistas, en el país “no hay tribunales ni imparciales ni independientes” y solo se busca “eludir” la competencia de la CPI.
Por: Carolina Alcalde – La Voz de América
En Venezuela, desde el 2015, once personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos, en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados.
La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”, exponen defensores de derechos fundamentales.
Gonzalo Himiob, director-vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, sostiene que el hecho de que una persona muera bajo custodia del Estado, sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.
“La falta de atención médica oportuna, adecuada, que se ha convertido en una regla sistemática, muchas veces conduce a estos desenlaces fatales. Esto le suma más ignominia a una prisión que ya de por sí misma es bastante arbitraria”, comentó Himiob consultado por Voz de América.
Los casos registrados en Venezuela han sido monitoreados y expuestos por instancias internacionales, entre ellas la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) y la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH).
Incluso, familiares de las víctimas, a través de diversos medios, se han dirigido al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, que abrió una investigación contra el Estado por presuntos delitos de lesa humanidad.
El más reciente informe de la FFM concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.
La justicia venezolana inició una serie de reformas en el sistema de justicia y ha reportado “avances” en materia de DDHH, pero para los activistas, en el país “no hay tribunales ni imparciales ni independientes” y solo se busca “eludir” la competencia de la CPI.
A continuación, revise los 11 casos siguiendo este enlace a La Voz de América.
