Fiscalías y parlamentos de 21 países han iniciado o concluido 86 investigaciones sobre casos de corrupción asociados a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Chavismo INC. examinó cada una de esas causas y encontró una trama de sobornos, contratos privilegiados y lavado de dinero que permitió que millonarios flujos de recursos públicos originados en Venezuela se dispersaran por todo el mundo.
Por: María Fernanda Sojo – Connectas
“A la primera señal hay que hacer algo”, sentenció Hugo Chávez, presidente de Venezuela, al referirse a las sospechas de que un delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o de su gobierno estuviera incurriendo en un acto de corrupción. Era el domingo 6 de diciembre de 2009 y, en medio del primer Congreso Extraordinario del PSUV celebrado en la ciudad de Maracay, en la región central del país, el mandatario fruncía el ceño y subía la voz para dar más énfasis a sus órdenes: “Este partido tiene que apretarse las correas morales. Partido y gobierno debemos dar ejemplo de transparencia, de honestidad a toda prueba y más allá”.
Minutos antes, Chávez se había dedicado a explicar que si un delegado del PSUV con un pequeño Volkswagen y un apartamento en una zona de clase media baja aparecía de la noche a la mañana con varias camionetas y aviones, se mudaba a una mansión en una urbanización de clase alta, vestía con lujosos trajes y frecuentaba clubes privados, el partido y el gobierno debían encender las alarmas y actuar en consecuencia. “El que quiera hacer dinero no puede estar ni siquiera en la retaguardia (del gobierno)”, añadió y sus palabras quedaron grabadas por las cámaras del canal del Estado, Venezolana de Televisión, que transmitía el programa Aló Presidente 345.
Desde la primera fila lo escuchaban los principales funcionarios del gobierno de entonces, Elías Jaua, ministro de Agricultura y Tierras; Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda; Aristóbulo Istúriz, diputado de la Asamblea Nacional y Cilia Flores, quien lideraba el Parlamento y ya era pareja de Nicolás Maduro, hoy a la cabeza del poder en Venezuela. Chávez se acercaba a la mitad de su tercer periodo presidencial y aunque aún no había signos visibles del cáncer que lo consumió y acabó con su vida tres años más tarde, sí había señales claras de escandalosos casos de corrupción que carcomían las instituciones venezolanas y empujaban al país a un precipicio que no había visto antes.
Once años después de aquel discurso, entre los principales dirigentes del PSUV, exfuncionarios del gobierno revolucionario, amigos contratistas, testaferros y dignatarios extranjeros que negociaron con fondos venezolanos sobran quienes acumulan bienes raíces de lujo valorados en cientos de millones de dólares, fincas gigantescas, jets privados, flotas de vehículos exclusivos, relojes de alta gama y abultadas cuentas en paraísos fiscales. La investigación Chavismo INC. siguió la pista de personas de interés, naturales y jurídicas, dadas las relaciones directas o indirectas que tuvieron con los gobiernos de Chávez y Maduro. En los hallazgos, hay 751 personas de interés con cerca de 3.919 relaciones con cientos de empresas, instituciones y agentes en 61 países.
La información fue obtenida y procesada por Chavismo INC. tras rastrear investigaciones judiciales, parlamentarias y ejecutivas, además de registros públicos empresariales y de inmuebles, relacionados con personas vinculadas al chavismo en 69 países, con los que se construyó una base de datos que muestra una aproximación patrimonial y las relaciones de esas personas. La iniciativa de investigación transnacional de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y Alianza Rebelde Investiga (ARI) reunió información que da cuenta de la magnitud de las operaciones del chavismo dentro y fuera de su país: los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo.
La sistematización de los datos arrojó que 182 venezolanos han sido sancionados por 57 países y que fiscalías y parlamentos de 21 naciones de América y Europa han abierto 86 investigaciones relacionadas con la corrupción en las gestiones de Chávez y Maduro. Solo en 52 de esas causas el patrimonio público venezolano comprometido asciende a 30.087 millones de dólares, una cifra absurdamente elevada para cualquier país salvo para Venezuela, que recibió por venta de petróleo más de un millón de millones de dólares en tan solo una década y pese a eso acumula seis años de una catástrofe económica de niveles nunca vistos en un país latinoamericano, donde la hiperinflación pasó el millón por ciento en 2018. Una crisis económica y política que condujo a una humanitaria: la falta de alimentos, de medicamentos, ahora de combustible y otros bienes, llevó a cinco millones de venezolanos a huir y al país a ser el primero en muertes por desnutrición: 3,7 millones de personas presentaban malnutrición en 2018, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La investigación de Chavismo INC. dejó en evidencia los patrones de la corrupción, cómo se captó, movió y escondió el dinero de los venezolanos: pago de sobornos a funcionarios clave en organismos del Estado a cambio de contratos multimillonarios, como el de un tesorero del país que recibió 1.000 millones de dólares para beneficiar empresas en operaciones de cambio de moneda; la asignación de grandes proyectos a empresas de amigos de gobiernos aliados, como lo registrado en Haití y en Argentina; y la creación de complejos entramados financieros para lavar el dinero resultado de las operaciones ilegales, como el caso de un exviceministro solicitado por la justicia norteamericana.
La mayoría de los casos han sido ventilados ante la justicia de Estados Unidos, país con el que el chavismo tuvo pésimas relaciones diplomáticas, pero que terminó siendo uno de los destinos preferidos por los funcionarios del gobierno para guardar el dinero obtenido de manera ilegal. A la luz del inventario realizado por Chavismo INC., fiscales estadounidenses han abierto 38 investigaciones en las cuales se habría incurrido en un daño patrimonial a Venezuela que ronda los 16.049 millones de dólares, principalmente provenientes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la estatal más importante del país. Por esos casos 44 personas se han declarado culpables.
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