Tras conocerse que la deuda del Estado con los contratistas de obras de infraestructura pública ronda los $300 millones, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) manifestó que esto no solamente afecta la inversión, sino que entorpece el dinamismo que el sector de la construcción requiere para generar empleos.
«Afecta no solamente la liquidez y capacidad de ejecución de los proyectos, sino también el dinamismo con que pueda impactar a empresas pequeñas, subcontratistas y trabajadores», destacó Temístocles Rosas, presidente del gremio.
Agregó que también afecta el avance de los proyectos, porque muchos tienen que bajar su ritmo de ejecución, porque no están teniendo el ritmo de pago en forma paralela.
Recientemente, se aprobó el financiamiento y se reformuló el contrato para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, un capítulo que al Gobierno le tomó más de dos años en concretar, lo que llegó a poner en duda la ejecución de esta importante obra.
Por otra parte, otros importantes proyectos de infraestructura bajo la Asociación Público Privada (APP), como la carretera Costanera y la rehabilitación integral de la carretera Panamericana, todavía no arrancan, cuando al Gobierno le quedan menos de 500 días para concluir su gestión.
Esta burocracia es otro elemento que a Apede le preocupa, en esta etapa de reactivación económica, a pesar de los números positivos que registra nuestra economía.
«Tenemos un funcionariado extremadamente burocrático; muchas veces una entidad no se coordina con otra. Por un lado, estamos tratando de traer inversiones y por otro lado emitimos un decreto ejecu tivo para regular los permisos de trabajo y frenar esa inversión», reflexionó el presidente de Apede.’
