Desde hace poco más de una década, y debido al descalabro de la industria petrolera y la caída del precio del barril de petróleo, el gobierno nacional concentró sus esfuerzos en la renovación del parque industrial aurífero para, en teoría, impulsar la producción minera y posicionarla como un salvavidas de la economía del país.
Por: Laura Clisánchez – Banca y Negocios
En 2012, el expresidente Hugo Chávez aprobó el Plan Estratégico para el Desarrollo Conjunto de la Faja Petrolífera y el Arco Minero del Orinoco, una nueva geopolítica nacional en la que el gobierno asumió el control de la explotación minera y sus actividades conexas.
En Gaceta Oficial N° 39.759, se promulgó el Decreto No. 8.413, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro.
Luego, en 2016, el presidente Nicolás Maduro, mediante el Decreto No. 2.248, ordenó la creación del megaproyecto Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco para el aprovechamiento de recursos en un área de 111.800 km2.
El modelo de negocio, ejecutado con la promesa de implementar una minería responsable con estándares de derechos humanos que organizara la pequeña minería, respetara al ambiente y desplazara al crimen organizado, tiene la figura de empresas mixtas y reserva al Estado venezolano al menos 55% de las acciones.
El fisco nacional debería percibir también el 13% de regalías, y el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISRL) para inversiones en desarrollo social.
En 2018, el gobierno nacional anunció la incorporación de 8 plantas de cianuración: Complejo Industrial «Domingo Sifontes», ubicado en el municipio Sifontes del estado Bolívar, el Complejo Industrial «Manuel Carlos Piar» ubicado en Caroní, Berakah y Sarrapia, ambas ubicadas en Piar y Guayana Oro en El Callao.
Sobre el papel – en el Plan Sectorial Minero 2019 – 2025 – el gobierno plantea esto como una estrategia para un cambio tecnológico que permita sustituir el uso de mercurio, prohibido en el país desde 2016 a través del Decreto 2.412 (pero aún utilizado), por cianuro en los procesos de recuperación de oro por su capacidad para recuperar entre 75% y 90% de oro de las menas tostadas y entre 85% y 95% de los concentrados.
En su investigación “El rol de las plantas de cianuración en el negocio del oro del Arco Minero del Orinoco”, la ONG SOS Orinoco denunció que aunque con la construcción de estas nuevas plantas, el Gobierno promete potenciar la producción con la oferta de actualización tecnológica, disminución del impacto ambiental y seguridad laboral bajo estándares de derechos humanos, en realidad se ha visto que no constituyen una estrategia que permita erigir la producción de oro como una industria sólida que contribuya al desarrollo local, regional y nacional.
Esto por cuatro razones fundamentales:
En principio, para “impulsar” la cadena de producción de oro, el Estado en alianza con empresas privadas invirtió millones de dólares en ocho plantas nuevas que, en conjunto, tienen una capacidad instalada para procesar 4.020 toneladas de arenas auríferas por día, (3,6 toneladas de oro al año).
Es decir, pueden producir apenas 30% de lo que podían extraer las cinco plantas que ya estaban instaladas en la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) y que fueron abandonadas y desmanteladas por falta de inversión.
La organización basó ese estimado en el supuesto de que las plantas procesan arena a un tenor promedio de 4 gramos por tonelada (una concentración baja de oro), con hasta 90% de eficacia en el proceso y plantas trabajando al 80% de su capacidad.
En el mejor de los escenarios, el oro que sale de estas nuevas plantas aporta apenas el 10,7% de la producción anual, si se toma como cierto que Venezuela produce 33,4 toneladas de oro, según el World Gold Council.
El Complejo Industrial «Domingo Sifontes», por ejemplo, se construyó con una inversión de 27 millones de dólares, según SOS Orinoco. Esta estructura cuenta con cinco plantas operativas y una que no se ha terminado de construir.
Tiene dos molinos y 12 tanques de procesamiento de cianuro. La infraestructura, que opera desde 2018, tiene una capacidad instalada para procesar 2.300 toneladas por día de arenas auríferas, de acuerdo con información oficial.
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