El hito más importante en materia de seguridad ciudadana en 2023 para Venezuela comenzó el 20 de septiembre, con la intervención de cuerpos policiales y militares en el Internado Judicial de Tocorón, en el estado de Aragua.
Según InSight Crime, una organización dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica, en esta cárcel tenía su centro de operaciones la principal banda criminal del país, el Tren de Aragua; una organización de delincuentes que expandió su influencia al menos en otras siete naciones latinoamericanas.
A partir de ese día, el régimen de Nicolás Maduro irrumpió en otros seis reclusorios en diferentes estados: Tocuyito (Carabobo, 25 de octubre); Puente Ayala (Anzoátegui, 30 de octubre); La Pica (Monagas, 3 de noviembre); Vista Hermosa (Bolívar, 6 de noviembre); Trujillo (Trujillo, 8 de noviembre) y San Felipe (Yaracuy, 10 de noviembre).
Al terminal con la conquista del penal de Yaracuy, el Almirante Remigio Ceballos, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, emitió una declaración de victoria: “Hemos acabado con las estructuras criminales que operaban desde las cárceles”.
Pero la realidad pareciera apuntar hacia otra dirección. Según Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, el principal objetivo de las intervenciones no era el desmantelamiento de las megabandas, sino transmitir a la población la idea de que se retomaba el control de ciertos espacios, mediante campañas con fuerte contenido propagandístico.
Este sociólogo y académico se refirió a las imágenes divulgadas por los canales oficiales del régimen, cada vez que se producía la irrupción de los uniformados en alguna instalación penitenciaria. Explicó que estas dinámicas estaban caracterizadas por la “teatralidad”.
“Las imágenes que difunde el régimen en distintas instancias son fotos oficiales, no tomadas por periodistas de los medios. Presentan a los detenidos sentados, sin camisa y en filas. Esa es una estética, una forma coreográfica que ha sido muy desarrollada por el Gobierno de Bukele en El Salvador (…). Todos con un efecto de propaganda”, aseguró Briceño al ser entrevistado por Diálogo. “Entonces la forma en la cual se toman las fotos y se colocan a los detenidos en los distintos penales (…), es muy similar. Tanto en el caso de Bukele como en este caso corresponden a una coreografía”.
Para Briceño, la dictadura de Miraflores intentó abordar el asunto penitenciario para elevar de alguna forma su imagen pública. Maduro y su régimen son responsabilizados por la emergencia humanitaria compleja que padece el país, según numerosas organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos.
“Intentan copiar ese procedimiento buscando de alguna forma obtener los mismos beneficios de simpatía que ha tenido esa política en el caso de El Salvador, a pesar de las inmensas distancias ideológicas y políticas que separan a una y a otra administración”, dijo Briceño. “En este momento se busca a través de ese significante obtener una misma ganancia de popularidad; en consecuencia una ganancia electoral”.
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