a Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó inhabilitaciones políticas en Venezuela y advirtió que excluir a líderes opositores de la carrera electoral corrobora que el Poder Judicial carece de independencia e imparcialidad.
Luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, ratificara la inhabilitación por 15 años de la candidata presidencial María Corina Machado, el organismo internacional expresó en un comunicado que “estas decisiones acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalientan la participación ciudadana en asuntos de interés público. Dicho patrón comprende detenciones arbitrarias de dirigentes opositores y sindicalistas, proyectos legislativos que restringen el funcionamiento de las asociaciones civiles, declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado y actos intimidatorios”.
“Al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno“, agregó.
En la misiva, la CIDH reiteró que una sentencia de inhabilitación para ejercer cargos solo puede ser impuesta judicialmente en un debido proceso.
Subrayó que impedir la participación política vulnera la igualdad y anula la posibilidad de comicios justos en 2024.
Exhortó a Venezuela a levantar inhabilitaciones administrativas y cejar actos contra la participación ciudadana.
“En un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad. En el caso venezolano, en particular, es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público“, concluyó
La Comisión instó a adoptar con urgencia medidas tendientes a restablecer la separación de poderes, única forma de reconstruir la democracia y dar certidumbre a la población.
De esta forma, el organismo interamericano cuestionó el desempeño del Poder Judicial venezolano y los últimos acontecimientos electorales.
