Tras la medida publicada en Gaceta Oficial del pasado 5 de febrero sobre la regulación del servicio de entregas a domicilio o deliverys en Venezuela, la Cámara de Comercio de Valencia consideró que la normativa podría representar una traba para el desarrollo de la actividad económica.
El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Ernesto Abbas, indicó que según lo publicado en la Gaceta, se crea un registro obligatorio, manejado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), en el que la empresa que hace el delivery tendrá que pagar 300 dólares para obtener una licencia que les permita prestar el servicio, más una anualidad de 240 dólares para mantener el permiso. Sumado a esto, el consumidor que utilice el servicio de delivery tendrá que pagar un importe de 1 %.
Según la providencia, las empresas “deben reflejar a los usuarios, en la factura electrónica o física, el cobro del importe del Franqueo Postal Obligatorio, correspondiente al uno por ciento (1 %), el cual será retenido y enterado por el operador postal privado a favor de Ipostel”.
Abbas criticó que la empresa que hace el delivery pasa a ser recaudador y a cumplir funciones que le corresponden al Estado al tener que retener el dinero y enterarlo.
“Eso hace que esa oferta que hace el sector comercio y servicio para tratar de llevar y de captar clientes, queden minimizadas, porque si yo como empresa tengo que pagar en mi primer año 540 dólares por tener una persona que hace el delivery, y encima el consumidor tiene que pagar el 1 %, se ve como una distorsión para tratar de recuperar el poder adquisitivo. Parece que le estuviéramos poniendo lastres o anclas a la economía, más de las que tenemos con la percepción frente al tema de las sanciones”, sostuvo.
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