Tras el asesinato de un exmilitar venezolano en Chile, el presidente del país prometió que su gobierno acabaría con los principales sospechosos: el grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
En una entrevista con el medio ADN el 11 de marzo, el presidente chileno Gabriel Boric se comprometió a desmantelar al Tren de Aragua. “Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra”, afirmó.
El pronunciamiento, la referencia directa más dura del presidente al grupo desde su aparición en el país, se produjo después de que el fiscal general de Chile, Héctor Barros, responsabilizara al grupo del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, ex teniente primero de las fuerzas armadas venezolanas.
El 1 de marzo, agentes de policía descubrieron el cadáver de Ojeda en una maleta enterrada bajo cemento en Maipú, un sector del suroeste de Santiago, donde anteriormente se habían descubierto múltiples “casas de tortura” del Tren de Aragua. El mismo día, la policía detuvo a un joven venezolano de 17 años por el secuestro y asesinato. Se han emitido notificaciones de Interpol contra otros dos sospechosos que, según se cree, han huido a Bolivia y Perú.
Al menos tres individuos vestidos de policías secuestraron a Ojeda desde su apartamento, situado en un decimocuarto piso en el norte de Santiago, poco después de las 3 de la madrugada del 21 de febrero y lo obligaron a subir a un carro, que posteriormente fue encontrado abandonado junto con los uniformes de policía.
Ojeda se encontraba en Chile desde que escapó de Venezuela, donde había sido detenido y torturado por las autoridades por un supuesto intento fallido de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.
El gobierno de Maduro expulsó a Ojeda del ejército y lo denunció en múltiples ocasiones. La más recientemente ocurrió en enero de 2024, cuando el Ministerio de Defensa afirmó que había planeado “acciones criminales y terroristas” contra el gobierno.
Ojeda no había recibido amenazas de grupos criminales antes de su secuestro, pero se sentía en peligro debido a su condición de refugiado, según declaró a InSight Crime el abogado de la esposa de Ojeda, Juan Carlos Manríquez.
El ex teniente primero creía que “el régimen lo estaba persiguiendo”, comentó su hermano al medio chileno La Tercera.
Aunque hasta ahora no hay pruebas que lo confirmen, uno de los sospechosos trabajó para el exvicepresidente venezolano Tareck El Aissami durante su etapa como gobernador del estado venezolano de Aragua, según documentos oficiales publicados por medios chilenos. Durante el mandato de El Assaimi como gobernador del estado natal del Tren de Aragua, el grupo se hizo más fuerte y recibió un trato preferente por parte de las autoridades.
El fiscal general de Chile afirmó que el crimen podría haber sido ordenado por alguien fuera de Chile y no ha descartado que pudiera tener una motivación política.
Análisis de InSight Crime
Independientemente de si alguien del Estado venezolano contrató al Tren de Aragua para llevar a cabo el secuestro, el crimen parece marcar una nueva fase en la evolución delictiva del grupo.
En el pasado, las acciones del Tren de Aragua habían sido más rudimentarias y burdas, publicando vídeos en Internet en los que amenazaba con matar a civiles en Lima, Perú, y desechando cadáveres en las esquinas de Bogotá, Colombia.
Sin embargo, el secuestro de Ojeda —con el uso de uniformes policiales y la decisión de llevárselo de su casa en lugar de utilizar el método más sencillo y común de secuestrarlo en público— muestra un nivel inusual de sofisticación y coraje.
“Se trata de un plan bastante considerable”, declaró Manríquez a InSight Crime. “Ejecutaron al menos seis etapas, un estudio previo, la extracción…[involucró] personas de apoyo, varios automóviles, la ruta de escape, labores de despiste… y testimonios que señalan que durante la ejecución de este hecho sí iban entregando reportes de que esta operación estaba en marcha. O sea, dan cuenta de que hay algún mandante.”
Los investigadores no han revelado quién ordenó el secuestro y asesinato de Ojeda, pero la planificación que habría requerido sugiere que sus captores eran conscientes del estatus de su víctima y de la atención que generaría el crimen. La ausencia de una exigencia de recompensa también lo diferencia del estilo de secuestro típico del Tren de Aragua, tanto en Venezuela como en el extranjero.
Se trata de la segunda vez que se vincula al grupo con un asesinato por encargo de gran repercusión —el primero fue el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia en mayo de 2022—, lo que sugiere que la organización ofrece ahora este tipo de “servicios” delictivos.
La expansión de la organización desde Venezuela por toda Suramérica se basó en el tráfico de migrantes y la trata de personas, pero su adaptabilidad y la búsqueda de oportunidades delictivas han impulsado su continuo crecimiento. Sus células transnacionales están implicadas en delitos que van desde la extorsión a la explotación sexual, pasando por el tráfico de drogas a pequeña escala.
La pandilla también ha dado muestras de intentar manipular las instituciones chilenas mediante la intimidación o la corrupción. Múltiples jueces han intentado excusarse de un juicio contra los Gallegos, una facción del Tren de Aragua, y uno de ellos lo hizo sobre la base de una amistad con uno de los acusados, según El Mostrador. La Corte Suprema ha ordenado eliminar de la página web del Poder Judicial cualquier información que permita identificar a los jueces implicados en el caso, presuntamente por temor a represalias.
La presencia transnacional de la organización, que le ha permitido albergar a asociados que son buscados en un país, en una célula radicada en otro país, puede explicar por qué algunos miembros tienen una percepción de impunidad.
Asimismo, su estructura, con células en gran medida independientes en varios países, confiere a la organización una flexibilidad que impide que cualquier operación policial contra una célula se convierta en una sentencia de muerte para el Tren de Aragua en su conjunto.
