El escándalo de corrupción del gobierno de Nicolás Maduro, conocido como Pdvsa-Cripto, cumple un año, pero los 61 políticos, empresarios y funcionarios del entorno del defenestrado Tareck El Aissami que están detenidos por hechos de corrupción siguen a la espera de audiencias o no se sabe qué ha ocurrido con sus causas judiciales.
A partir del 17 de marzo de 2023, directivos de las estatales Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartón de Venezuela (Cartoven) y de organismos judiciales fueron a la cárcel por su vinculación en el desvío de 16.600 millones de dólares estadounidenses, según cálculos de Transparencia Venezuela y la firma Ecoanalítica. Esta purga en las empresas públicas y contratistas desencadenó la renuncia de El Aissami, del Ministerio de Petróleo, quien era considerado un hombre fuerte del oficialismo.
El exfiscal del Ministerio Público (MP) Zair Mundaray advierte que no se conocen los avances en la investigación penal contra los aliados de El Aissami porque el poder político prefiere silenciar los señalamientos de desfalco y robo en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Poder Judicial.
Aunque el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, publicó detalles de la cruzada anticorrupción en sus redes sociales durante dos meses, dejó de hacer menciones del caso a partir de mayo de 2023 en su cuenta X (antes Twitter). La página web del MP no publica actualizaciones del caso desde abril de ese mismo año.
“Maduro ordenó que no se hablara más de este tema. Nadie en el sistema de justicia habla de esto. Ningún tribunal ni Tarek William Saab. Es una orden presidencial para que salga de la agenda pública”, declaró Mundaray a El Pitazo en entrevista telefónica.
El abogado sostiene que las autoridades se limitaron a encarcelar operadores de hechos de corrupción, figuras claves utilizadas en cargos estratégicos para desviar los fondos, pero sigue absuelto El Aissami, el autor del plan. “Este proceso carece absolutamente de legitimidad. No es posible que un proceso penal sea legítimo en la medida en que procesen a los subalternos y no a quien les dirige”, reitera.
Algunos de los involucrados en esta trama fueron detenidos sin orden judicial, estas solicitudes se incorporaron después a los expedientes y no estaban en situación de flagrancia. “Esto está plagado de irregularidades. Si hubiese una investigación real, se llegaría a otros actores políticos que se mantienen en el poder”, afirma.
Los familiares de los detenidos no han hecho denuncias públicas por retardo procesal o violaciones al debido proceso, excepto en el caso del presidente de Cartoven, Leoner Azuaje, hallado muerto en su celda.
Mundaray dice que no hay fechas fijadas para las audiencias, por lo tanto, tampoco hay diferimientos, de acuerdo con información que le suministraron fuentes internas. “Se les viola su debido proceso, independientemente del nivel de criminalidad que tengan o el involucramiento con esquemas criminales de corrupción”, argumenta.
El 25 de julio de 2023, el medio Últimas Noticias reportó que la fiscalía introdujo una acusación contra 22 de los 61 detenidos, entre ellos el diputado y exministro Hugbel Roa; el presidente de Sunacrip, Joselit Ramírez; y el vicepresidente de Pdvsa, coronel Antonio Pérez Suárez, ante el Tribunal Especial Segundo de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados y solicitó llevarlos a juicio. Luego de este anuncio, se desconoce si se han realizado las audiencias.
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