El martes 9 de abril, la Fiscalía General anunció la detención de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y exvicepresidente venezolano, por su presunta implicación en la trama de corrupción denominada Pdvsa Cripto, que involucra a altos funcionarios y empresarios en una red de cobro de coimas para garantizar acceso a contratos con las empresas estatales, asignación ilegal y «a dedo» de cargamentos de petróleo, coque y fuel oil, ventas por debajo del valor de mercado y manejo irregular de los fondos públicos.
La detención de El Aissami, que estaba desaparecido del ojo público desde marzo de 2023 tras su renuncia a la cartera de Petróleo, se suma a un problema que parece crónico: la corrupción dentro de la estatal venezolana, la principal fuente de ingresos de la nación.
De los últimos ocho ministros que han pasado por ese cargo –desde el año 2005– cuatro han sido señalados por las autoridades venezolanas de estar involucrados en grandes esquemas de corrupción que defraudaron millones de dólares.
El monto del daño patrimonial nunca ha sido divulgado con precisión por el Ministerio Público, que tampoco ha informado sobre la cantidad de bienes recuperados o incautados en cada una de estas operaciones. El estado judicial de uno de los acusados también es incierto.
Según estimaciones de Transparencia Venezuela, tras una revisión a 127 casos de corrupción relacionados a la estatal en los últimos 20 años, se han defraudado más de 42.000 millones de dólares. En ese monto no está incluida la trama de Pdvsa Cripto, que según cálculos de la organización y Ecoanalítica, alcanzan pérdidas de 16.960 millones de dólares.
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