Inmerso en una campaña electoral en la que la mayoría de los sondeos lo ubican en desventaja, Nicolás Maduro necesita mejorar en algo las condiciones de cinco millones de ancianos que padecen la bancarrota del sistema de pensiones.
Por: Víctor Salmerón – Geréntesis
El candidato presidente no ha anunciado reformas de fondo para reconstruir una estructura en escombros que deposita una pensión mensual de tres dólares y medio, pero antes de las elecciones del 28 de julio aumentará la transferencia mediante un impuesto a la empresa privada.
El inconveniente es que en una economía frágil, con empresas que ya soportan una pesada carga tributaria, el nuevo impuesto mensual equivalente a 9% de todo lo pagado a la nómina, amenaza con desacelerar el aumento en el ingreso de los trabajadores y afectar la viabilidad financiera de las compañías.
El diseño del impuesto lo desvincula de las ganancias y tampoco establece un límite para el ingreso del trabajador que sirve de base para el cálculo; es decir, las empresas que mejor remuneran y crean un mayor número de puestos de trabajo pagarán más.
Fedecámaras, el gremio que agrupa a la empresa privada, propuso que la Ley de Protección de las Pensiones estableciera una tasa máxima de 6% y precisara un techo para la base del aporte, pero el Parlamento no tomó en cuenta las sugerencias.
El dinero será recaudado por el Seniat, el organismo encargado de cobrar los impuestos y la Ley no contempla ningún mecanismo de transparencia a fin de evitar que los recursos, que en teoría son para las pensiones, tengan otros usos.
El impacto
Iván Acosta, director de PGA Group, advierte que “la disposición de las empresas a otorgar mejoras en el salario y los bonos que reciben los trabajadores va a ser menor”.
Agrega que es muy probable que las empresas busquen mecanismos para contener aumentos en el ingreso del trabajador, a fin de evitar que crezca el monto del impuesto para las pensiones, pero que otorguen otro tipo de beneficios.
“Es posible que se busque compensar por el lado de los gastos, por ejemplo, que se le pague el colegio de los hijos al trabajador o que se recurra a la entrega de bienes como una bolsa de alimentos o prendas de vestir”, dice Iván Acosta.
En un entorno donde las empresas producen poco, las ventas son bajas y el acceso al financiamiento es limitado, las remuneraciones están en el sótano de América Latina.
Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada, indica que al cierre de 2023 el ingreso promedio mensual de los obreros, que incluye bonos y salario, se ubicó en 196 dólares.
Si bien es una cifra muy baja ha crecido lentamente en los últimos dos años gracias, entre otras cosas, a que los bonos, en su mayoría en dólares o indexados, no son tomados en cuenta para el pago de beneficios como prestaciones o utilidades.
Pero al incluir los bonos en el pago del aporte especial para las pensiones se sembró la idea de que es posible un cambio en las reglas del juego sin mayor diálogo, algo que aumenta la incertidumbre en las empresas.
“El gobierno está configurando una nueva base gravable. Hoy los bonos entran en el cálculo para el tema de pensiones, pero ha creado la duda de que mañana podría ser para prestaciones sociales o para el aporte de la Ley de Política Habitacional, por ejemplo”, dice Iván Acosta.
Otro elemento a considerar es que es probable que para aliviar el impacto en la caja las empresas incrementen los precios en momentos en que el consumo es endeble.
La burbuja
El sistema de pensiones de Venezuela, a complementar con el nuevo impuesto, se basa en que los trabajadores y las empresas aportan para costear las pensiones. La contribución se calcula como una fracción del sueldo de cada trabajador.
Las edades de retiro de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres, así como el número de cotizaciones requeridas para solicitar la pensión, son bajas en comparación con la mayoría de los países de la región.
A partir de 2012 el gobierno comenzó a otorgar pensiones a todos aquellos con edad para recibirla, independientemente de que hayan cotizado o no, con lo que el número de pensionados se triplicó y según cifras oficiales se alcanzó la meta de que toda persona en la edad requerida reciba una pensión.
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