El gobierno usa sus instituciones para “controlar la narrativa” y “mitigar los espacios de disidencia” en la campaña en Venezuela, afirman expertos. Sus contraprotestas suelen coincidir en tiempo y espacio con las concentraciones de la oposición, advierten.
El cierre de al menos tres hoteles que hospedaron a la dirigente del antichavismo María Corina Machado en sus giras de campaña y la convocatoria exprés de contramarchas dondequiera que la oposición realice actos proselitistas, demuestran el papel que juega “el poder del Estado” en la contienda presidencial en Venezuela, según expertos.
Este mes, agentes tributarios y de inteligencia política clausuraron tres hoteles en el interior del país por hospedar a Machado, promotora de la candidatura del opositor Edmundo González Urrutia a la Presidencia, a la que también aspira regresar el mandatario venezolano Nicolás Maduro.
En Coro, estado Falcón, el organismo recaudador de impuestos, Seniat, multó con 600 dólares y cerró por 20 días el hotel Urumaco tras recibir a Machado. En Maracaibo, estado Zulia, hubo una medida similar por 30 días contra el hotel El Paseo, luego de que la líder opositora y su equipo de trabajo se alojaran ahí.
La semana pasada, el hotel El Recreo, donde estaba previsto que Machado, González Urrutia y sus equipos se hospedaran en La Victoria, Aragua, corrió la misma suerte. En marzo, cuando aún era precandidata presidencial, funcionarios del ministerio de Salud clausuraron otro hotel en Barquisimeto, el Príncipe, donde la opositora tenía agendado un evento, según medios locales.
Se trata de “una nueva forma de persecución política” que busca exhibir a esos negocios como ejemplos de posibles sanciones contra quien facilite “espacios” a Machado, González Urrutia y dirigentes de la oposición, de acuerdo con el doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad del Zulia y la Universidad Rafael Belloso Chacín, Líber Cuñarro.
Los cierres temporales de esos hoteles y la convocatoria de “contramarchas” oficialistas que coincidan en tiempo y lugar con las de la oposición son “la continuación” de una estrategia política y comunicacional de los gobiernos del chavismo que data de hace 20 años, dijo el experto.
Ese plan, oficializado en los planes estratégicos de los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, busca “controlar la narrativa y mitigar los espacios de disidencia donde se pueda dar una versión alternativa o más realista del país y de la crisis socioeconómica”, apuntó.
El control “hegemónico” de los espacios civiles, el diálogo público y los medios de comunicación se ha instrumentalizado a través de las leyes de Responsabilidad Social de Radio y Televisión Contra el Odio, y más recientemente, la discusión de un proyecto legal contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares, indicó a la Voz de América.
“Es una narrativa de que existe una conflictividad que viene de la oposición. Además, busca cercenar derechos fundamentales”, comentó Cuñarro.
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