Desde el año 2022, la administración demócrata liderada por Joe Biden ha estado ofreciendo amnistía a más de 350.000 inmigrantes ilegales que estaban atravesando procesos de petición de asilo, con el objetivo de calmar la brutal crisis que vive la frontera sur de los Estados Unidos.
La Casa Blanca reveló la información como una medida para descomprimir el conflicto fronterizo, asegurando que la amnistía va a permitir normalizar la situación de muchos inmigrantes que viven en la ilegalidad, lo cual roza lo delirante.
De esta manera, Biden canceló todas las causas por asilo a aquellos inmigrantes que no posean antecedentes peligrosos, lo cual les permitirá mantenerse en los Estados Unidos sin posibilidad de deportación.
La medida que Biden ejecutó a lo largo de estos años, de manera silenciosa, busca disminuir en los números la cantidad de personas registrados como refugiados y desinflar las estadísticas de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos.
Mientras miles de casos de inmigrantes ilegales cometiendo delitos se reportan a diario en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha perfeccionado un esquema legal en el cual se borra de su historial delictivo el ingreso ilegal al país en las causas relacionadas a indocumentados.
Por más confuso que el término «borrado» pueda llegar a ser, es exactamente eso lo que la administración demócrata ha realizado desde el año 2022, ya que una vez arreglado el caso, aquellos solicitantes del asilo no se les concede el status de aceptado ni de denegado, sino que sus casos se dan por terminados y son eliminados del sistema legal. Esto permite a inmigrantes ilegales quedarse indefinidamente dentro de territorio estadounidense sin siquiera tener que contactar a las autoridades y sin poseer riesgos de deportación.
Los primeros casos de la amnistía masiva a inmigrantes ilegales comenzó en el año 2022, cuando Kerry Doyle, asesora en jefe de la policía fronteriza, por ordenes de Biden, emitió un documento en el cual permitía la disolución de todos los casos contra inmigrantes que no hubieran sido calificados como amenazas para la seguridad nacional en ese entonces.
En el mismo año que el memorandum fue efectivizado, alrededor de 32.000 inmigrantes consiguieron asilo de forma inmediata, mientras que alrededor de 103.000 inmigrantes ilegales recibieron la «amnistía de Biden» desapareciendo de los archivos migratorios.
El 2023 fue el año en el cual la laxitud de Biden se observó con más fuerza, habiendo permitido que 150.000 inmigrantes sean removidos del sistema migratorio. En el corriente año, en tan solo 6 meses, ya han recibido la amnistía alrededor de 115.000 ilegales.
Esta suba en la inmigración ilegal está provocando un brutal incremento del delito de manera exponencial en el país, particularmente en las grandes ciudades donde los índices de criminalidad han alcanzado niveles exorbitantes.
Uno de los casos más recientes sucedió en Nueva York donde un inmigrante de origen venezolano disparó contra dos oficiales de policía, cuando intentaron frenar su scooter.
De acuerdo al periódico The New York Post desde la asunción de Biden al poder, el 77% de los inmigrantes que solicitó el asilo en los Estados Unidos han obtenido el beneficio de la «Amnistía Biden», los cuales consiguen una libertad de acción total dentro del país una vez que su caso se da por terminado, evitando totalmente el riesgo de deportación y a su vez el servicio de la policía fronteriza tampoco mantiene el derecho de hacer un seguimiento de los mismos en el país.
Con el gran flujo de inmigrantes que tienen la posibilidad de mantenerse en el país, proporcionalmente disminuyeron las cantidades de aquellos que han sido expulsados del territorio estadounidense, marcando las tasas de permanencia indiscriminada más altas en la historia reciente de los Estados Unidos y generando grandes preocupaciones en los organismos de control fronterizo.
Quizá la mayor preocupación del organismo de control policial migratorio estadounidense (ICE) es la facilidad que tienen aquellos que hayan recibido la Amnistía Biden para evadir los procesos legales, ya que si alguno de estos inmigrante que ya no son controlados por ningún organismo comete un crimen, se debe iniciar un proceso legal desde cero y las posibilidades de que esa persona sea deportada siguen siendo casi nulas.
A su vez, también es preocupante la calidad de inmigrantes a quienes se les otorga la amnistía en sus casos de asilo, ya que la mayoría suelen ser de origen latino (provenientes de México, Guatemala, Colombia y Venezuela) o de origen islámico, siendo estos dos grupos de inmigrantes ilegales los que más crímenes cometen en suelo americano.
No solo la discriminación de la administración Biden posibilita que la calidad de inmigrantes que buscan asilo disminuya, sino que ha posibilitado que familias de inmigrantes que buscan una mejor vida y solicitan el asilo con una justa causa sean deportados, como lo es el caso de una familia alemana que vivió más de 15 años en el estado de Tennessee y en su búsqueda de asilo para educar a sus hijos fueron deportados por la administración Biden.
