Las autoridades venezolanas declararon la victoria el año pasado después de varias operaciones para retomar el control de las cárceles en manos de líderes de pandillas conocidas como pranes, pero persisten la violencia y una crisis humanitaria en el sistema penitenciario.
Reclusos de centros penitenciarios de los estados Miranda, Falcón y Carabobo iniciaron una huelga de hambre el 9 de junio, a la que luego se sumaron reclusos de otros centros penitenciarios, exigiendo medidas humanitarias y traslados a instalaciones más cercanas a sus familiares o donde anteriormente estuvieron recluidos.
La huelga de hambre se produjo después de una serie de incidentes violentos que, según el ministro del Interior y de Justicia, Remigio Ceballos, constituían «un plan que intenta alterar la estabilidad de las penitenciarías».
Un recluso murió y otros nueve resultaron heridos en un motín ocurrido el 22 de mayo en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda. Ceballos dijo en su cuenta X que las autoridades penitenciarias lograron restablecer el orden luego de que se desató una pelea entre reclusos.
Días antes, el 19 de mayo, se registró una balacera al interior del penal de Sabaneta, en el estado Zulia. Aunque el incidente puso a los residentes locales en alerta máxima, no estaba claro si los disparos indicaban un intento de fuga o una pelea entre prisioneros.
Tanto las huelgas de hambre como la violencia carcelaria se produjeron después de que el gobierno interviniera siete cárceles controladas por pranes en redadas denominadas Operación Gran Cacique Guaicaipuro a finales de 2023. Durante años, estos líderes criminales dominaron las prisiones después de que el Estado les cediera el poder como estrategia para controlar violencia y homicidios en el interior.
Los recientes estallidos de violencia en las prisiones de Venezuela podrían indicar que el control del gobierno sobre el sistema penitenciario sigue en duda y que es posible un resurgimiento del poder de los pranes.
Análisis InSight Crime
Una vez que el gobierno afirmó que había obtenido el control de las cárceles pertinentes, implementó una serie de medidas que potencialmente podrían haber profundizado la crisis ya existente.
Los reclusos fueron trasladados a otras penitenciarías donde, según los expertos, el hacinamiento ya es grave. Varios reclusos fueron enviados a cárceles ubicadas lejos de sus familiares, lo que generó resentimiento entre la población penitenciaria y sus familiares. Aunque no existen cifras oficiales sobre la población carcelaria en Venezuela, según informes del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en 2022 el hacinamiento fue del 164,19%.
El hacinamiento, así como los retrasos procesales, son algunos de los principales desafíos que enfrenta el gobierno de Venezuela en el sistema penitenciario. Ambas dinámicas generan caos, violencia y falta de control dentro de los muros de la prisión. Además de exacerbar el hacinamiento, el traslado de presos también da lugar a la migración de reglas y prácticas impuestas por los reclusos a otras prisiones.
A finales de 2010, surgió el sistema pran para poner orden en situaciones que el Estado luchaba por contener. En aquella época, cada año decenas de personas morían en estallidos violentos dentro de las prisiones. Para reducir esto, el gobierno de Venezuela hizo acuerdos con los líderes de las pandillas carcelarias. Oficiales de policía y un ex guardia de prisión consultados en el pasado por InSight Crime dijeron que los pranes también intervinieron en el traslado de prisioneros a otras prisiones o tribunales.
Los pequeños brotes de violencia que han ocurrido en las cárceles sugieren que la violencia carcelaria podría volver a salirse del control del Estado y requerir que se establezcan nuevos acuerdos entre el régimen y los líderes criminales.
“Yo creo que los pranes van a regresar porque actualmente no hay políticas penitenciarias para eliminar este tipo de cosas, y la corrupción sigue, que es un problema enorme, los funcionarios están muy mal pagados”, dijo Carlos Nieto Palma, coordinador general de una ONG que defiende los derechos humanos de los reclusos en Venezuela, Una Ventana a la Libertad.
