«Estamos con la electricidad cortada y con los accesos a la sede tomados», ha advertido a primera hora de la mañana de este sábado Magalli Meda, mano derecha de María Corina Machado y uno de los seis colaboradores de la líder opositora refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, ahora bajo custodia de Brasil, a pesar de que Nicolás Maduro ha revocado esa custodia.
Por: Daniel Lozano – El Mundo
Desde que el gigante sudamericano se hiciera cargo de la legación argentina a principios de agosto, los agentes revolucionarios habían dejado en paz a Meda, a Claudia Macero (responsable de Comunicación del Comando Con Venezuela que lidera Machado), a Pedro Urruchurtu (coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora), al ex diputado Omar González (miembro de la dirección nacional de VV), a Humberto Villalobos (coordinador electoral del comando) y a Fernando Martínez Mottola, uno de los principales asesores de la dirigente.
El núcleo duro de Machado encontró refugio argentino en marzo antes de que las fuerzas chavistas les detuvieran, tal y como sucedió con Henry Arviález, coordinador nacional de VV, y la ex diputada Dignora Hernández, jefa política del Comando Con Venezuela. Ambos dirigentes permanecen encarcelados desde hace seis meses.
La relativa calma en torno a la embajada cambió en cuestión de horas, tras las últimas declaraciones del presidente brasileño, Lula da Silva, quien criticó directamente a Nicolás Maduro: «Su comportamiento [al no presentar al país y al mundo las actas electorales] es decepcionante y debe demostrar que ganó».
Patrullas de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), que han reemplazado en parte a las temidas «brigadas de exterminio» de las FAES rodearon la sede caraqueña encapuchados y armados.
A las pocas horas desde Argentina se denunció que el Gobierno de Maduro había revocado la autorización a los brasileños para que custodiaran la embajada, aunque se desconocía la actitud oficial de Brasilia. El temor a un asalto de las fuerzas chavistas creció entre los seis dirigentes, que cuentan con protección argentina.
El Gobierno de Maduro acusó de «injerencismo» y ordenó a finales de julio el retiro de los diplomáticos de Argentina, Perú, Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá y República Dominicana, tras denunciar estos países el megapucherazo electoral del 28J y la represión sangrienta desatada por el chavismo.
Horas antes de que comenzara el último asedio, la cancillería argentina, encabezada por Diana Mondino, había exhortado al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para que dictara órdenes de detención internacional contra Nicolás Maduro y los cabecillas del régimen «ante el agravamiento de la situación y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad».
El argentino Mauricio Macri también se encuentra entre la treintena de ex mandatarios que han firmado el escrito presentado el viernes por el colombiano Andrés Pastrana ante la CPI con parecidos argumentos. Entre ellos destacan todos los ex presidentes del Gobierno españoles, salvo José Luis Rodríguez Zapatero.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha justificado la revocación inmediata del beneplácito otorgado en agosto a Brasil, «una decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio» contra Maduro y contra la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Desde hace meses, el chavismo justifica la persecución contra los dirigentes opositores con todo tipo de acusaciones de terrorismo y de golpe de Estado, las mismas que se han usado contra los nuevos presos políticos que abarrotan las mazmorras del régimen. Según el Foro Penal, son 1.659 los prisioneros políticos tras la ola de terror impuesta después del 28J.
Por su parte, la Cancillería de Brasil aseguró que «por el momento se centra en garantizar la seguridad a los asilados en la embajada». El Palacio de Itamaraty aclaró que si Venezuela quiere revocar la autorización concedida en agosto «tiene que esperar la definición de un país sustituto. Mientras tanto, seguimos asumiendo esa responsabilidad».
A través de la red social X, el coordinador Internacional de Vente Venezuela (VV) -partido liderado por María Corina Machado-, Pedro Urruchurtu, ha indicado que agentes de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), junto con «funcionarios encapuchados y armados, rodean» el lugar.
Por su parte, el ex diputado Omar González, miembro también de VV, ha denunciado el corte del suministro eléctrico a la residencia, tras lo que está funcionando una «pequeña planta de emergencia» para contar con el servicio.
Los seis opositores se refugiaron después de que la Fiscalía los acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria, entre otros.
