A un delincuente sexual argelino refugiado se le permitió permanecer en Francia después de afirmar ser “transgénero”, a pesar de haber sido sentenciado a cuatro años de prisión en 2019.
En medio del debate sobre una política migratoria laxa tras la violación y asesinato de una filipina de 19 años por parte de un inmigrante ilegal marroquí, la reciente decisión del Consejo de Estado sobre el delincuente sexual refugiado argelino ha causado polémica.
El lunes 30 de septiembre, el Consejo de Estado, uno de los órganos administrativos más altos de Francia, validó el renovado estatuto de refugiado del ciudadano argelino.
La decisión del Consejo de Estado se debe a que el hombre de 31 años se encuentra en un proceso de «transición» hacia la edad adulta y teme ser perseguido si regresa a su país de origen, según declaró su abogado a Le Figaro . La amenaza sería lo suficientemente grave como para justificar la concesión de la protección mediante el estatuto de refugiado.
El caso de este hombre preocupa desde hace tiempo a las autoridades francesas. Presente en territorio francés desde hace 14 años, fue condenado en 2019 a cuatro años de prisión por agresión sexual a una menor de 15 años.
En noviembre de 2020, aunque ya había solicitado el estatuto de refugiado, la Oficina francesa de protección de los refugiados y de los apátridas se opuso alegando que el estatuto de refugiado puede denegarse o retirarse a una persona que haya sido condenada por un delito o infracción grave y cuya presencia constituya una amenaza para la sociedad francesa.
En abril de 2023, el hombre interpuso un recurso ante el Tribunal Nacional de Asilo ( Cour nationale du droit d’asile , CNDA), que anuló la decisión de la Oficina de denegarle el estatuto de refugiado. El CNDA justificó su decisión alegando la «buena conducta» del solicitante, que había adoptado «voluntariamente» medidas de integración en el mercado laboral y de búsqueda de tratamiento, lo que le había permitido obtener una reducción de la pena.
El Consejo de Estado ha confirmado ahora esta decisión, alegando que “los delitos penales por sí solos no pueden justificar legalmente una decisión de denegar o poner fin al estatuto de refugiado”.
La cuestión de su orientación sexual y su aparente identidad transgénero ocuparon un lugar central en la decisión final. Las declaraciones del solicitante fueron consideradas particularmente “espontáneas y fundamentadas”, lo que permitió “establecer su orientación sexual y su identidad trans”, según la CNDA. Se presentó un certificado médico para respaldar la idea de que no existía un riesgo grave de reincidencia.
El Defensor del Pueblo, una autoridad administrativa independiente fundada en 2008, ha señalado que desde hace varios años las solicitudes de asilo por motivos de orientación sexual aumentan de forma constante . Por el contrario, las solicitudes por motivos de persecución religiosa reciben mucha menos atención por parte de las autoridades.
En Europa se han observado casos similares de personas que mienten sobre su identidad u orientación sexual para conseguir el estatus de refugiado.
