El Tribunal General de la Unión Europea acogió este viernes el primer cruce de argumentos entre la Comisión Europea y el diario The New York Times a costa de la negativa del Ejecutivo comunitario a hacer públicos los mensajes de texto entre su presidenta, Ursula von der Leyen, y el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, en 2021.
Los mensajes de texto concernían a las negociaciones entre el ente público y la empresa sobre los contratos para la compra de vacunas para el coronavirus que la Comisión Europea coordinó para todos los países de la UE, unos intercambios revelados por el New York Times.
Cuando la periodista de este diario en Bruselas solicitó a la Comisión Europea el contenido de los mensajes, el organismo rechazó la petición y justificó que los mensajes de texto «no están destinados a contener información importante relacionada con decisiones de la Comisión» debido a su «naturaleza efímera y de corta duración».
Esto implica, arguyen, que un SMS enviado por la presidenta de la Comisión Europea «no se considera un documento sujeto a la política de mantenimiento de registros de la Comisión».
El argumento de la Comisión es que los mensajes «hubieran sido registrados si hubieran contenido información que no fuese efímera o si pudieran haber implicado acción o seguimiento por parte de la Comisión», subraya el informe de la vista de este viernes en Luxemburgo facilitado por el Tribunal General.
Tras estas conversaciones, la Comisión firmó un contrato por 1.800 millones de dosis suplementarias a partir de 2021 con Pfizer, que también aumentó las entregas a la Unión Europea para el último tramo de 2020 de su fármaco contra la covid de ARN mensajero desarrollado por el laboratorio alemán BionTech.
La periodista y el diario estadounidense decidieron entonces llevar el caso a los tribunales comunitarios, donde podría fijarse jurisprudencia sobre si los mensajes de texto y formatos similares pueden considerarse documentos oficiales y qué clase de acceso público se debe garantizar a ellos.
Además del New York Times, también varios eurodiputados e incluso la Defensora del Pueblo Europeo han rechazado los argumentos de la Comisión. La Defensora pidió a la Comisión que actualice la ley de acceso a documentos de la UE, que tiene dos décadas de antigüedad, para adaptarse a herramientas de comunicación más modernas.
