La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establecen que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad, teniendo como Desaparición Forzada “cualquier forma de privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, autorización o aquiescencia seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley”.
El Estado Venezolano ha convertido este crimen internacional en una práctica generalizada y sistemática, contra civiles y militares nacionales y ciudadanos extranjeros, detenidos por Organismos de Seguridad y/o Inteligencia o contrainteligencia, para mantenerlos en cautiverio sin que se conozca el lugar de reclusión, su estado físico, con tácita prohibición de acceso a un abogado privado o acceso a la atención consular en caso de los extranjeros, sin que se conozca si la persona ha sido judicializada, e incluso, en varios casos, sin permitir que la defensa privada pueda introducir un “Habeas Corpus” por la persona desaparecida.
Las detenciones de líderes y miembros de partidos políticos, activistas sociales y estudiantiles, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos o cualquier ciudadano detenido por haber sido reconocido como opositor o por haber colaborado en las elecciones del pasado 28 de Julio se han convertido en un suplicio para familiares y abogados que por días, semanas o meses, han tenido que personarse por los centros de detención y/o organismos de seguridad para tener alguna noticia de la persona que buscan, y en algunos casos, luego de varios meses de la detención, al día de hoy, se desconoce el paradero de la persona y si se presume, por información extraoficial del centro de reclusión donde podría estar, sus familiares o abogados no han podido comunicarse con ellos para cerciorarse de que si están en dicho lugar porque los mantienen incomunicados, por lo que desconocen si la información es real y en que estado se encuentran.
Queremos llamar la atención sobre la situación de los extranjeros que han sido detenidos por el Estado venezolano y que a pesar de que tienen incluso meses detenidos, no existe absolutamente ninguna noticia oficial sobre su paradero. Al día de hoy, esta es la lista que el Instituto CASLA ha podido verificar de ciudadanos extranjeros detenidos este año, aunque sabemos que pueden haber más, dado el ocultismo que el régimen mantiene sobre las personas que siguen deteniendo:
- Manuel Alejandro Tique Cháves (Colombia)
- Arlei Danilo Espitia Lara (Colombia)
- Jorge Marcelo Vargas (nacional de Bolivia y EE.UU.)
- Said Awuada (Libanés)
- Jonathan Pagan González (EE.UU)
- David Estrella (nacional de EE. UU. y Ecuador)
- Aaron Barren Logan (EE.UU)
- Gregory David Weber (EE.UU)
- David Gutenberg Guillaume (EE.UU)
- Wilbert Joseph Castañeda (EE.UU)
- Jan Darmovrzal (República Checa)
- Marianela Shung (Perú)
- Narden Paredes (Perú)
- Renzo Yasir Huamanchumo (Perú)
- José María Basoa (España)
- Andrés Martínez Adasme (España)
- Fabián Buglione (Uruguay)
- Nahuel Gallo (Argentina)
Queremos destacar, que en algunos casos, ciudadanos venezolanos que acompañaban a algunos de los ciudadanos extranjeros, por tener vínculos familiares o afectivos, también han sido detenidos y se encuentran desaparecidos, como el caso de Carolina Chirinos Zambrano, y Raymar Pérez Alvarado.
Alertamos sobre información obtenida extraoficialmente y de fuente confiable, de la existencia de un Anexo en la Cárcel del Rodeo 1, cuyo verdadero nombre es Sistema Integral de Máxima Seguridad “SESMA”, que posee paredes y muros de gran altura y que están cubiertas con hormigón anti ruido, alejado de la zona donde están los demás presos políticos y donde el acceso es restringido al propio personal de seguridad y muy pocos pueden entrar por órdenes del director General del DGCIM, M/G Javier Marcano Tábata y el Director del Centro Penitenciario, el TCnel. Carlos Rincones Serven. La Información extraoficial es que esta zona sería destinada para todos los ciudadanos extranjeros detenidos en el contexto político actual.
Hacemos un llamado a todos los Gobiernos Democráticos del Mundo, a los Organismos Regionales y Universales de protección de los DDHH a condenar esta práctica sistemática y Crimen de Lesa Humanidad en Venezuela y exigir la protección del derecho a la vida e integridad física, a la libertad y a la seguridad de todas las personas que se encuentran en esta lamentable situación.
