La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de las personas detenidas por razones de conciencia en Venezuela, informó este miércoles que quedan en el país, tras las liberaciones de las últimas semanas, 1.877 presos políticos, 28 menos que en su último reporte, cuando computó 1.905.
A través de su cuenta en la red social X, la organización detalló que del total de encarcelados, 1.642 son hombres y 235 mujeres. De ellos, 1.715 son civiles y 162 pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Además, señaló que hay 1.871 adultos y 6 adolescentes, de entre 14 y 17 años, detenidos en estas condiciones.
La mayoría de estas detenciones están relacionadas con las protestas que surgieron tras los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró de forma fraudulenta la reelección del dictador Nicolás Maduro.
Estas cifras incluyen personas arrestadas en manifestaciones contra lo que diversos sectores consideran irregularidades en el proceso electoral. El pasado lunes, la Fiscalía venezolana anunció la liberación de 533 detenidos relacionados con las protestas postelectorales.
Según el Ministerio Público del régimen, estas excarcelaciones forman parte de un proceso de revisión de medidas judiciales, que en su etapa más reciente incluyó 179 nuevos casos, los cuales se sumaron a 354 liberaciones previas realizadas en las últimas semanas.
Sin embargo, estas excarcelaciones fueron acompañadas por nuevas detenciones. Entre los arrestados recientemente figuran dos miembros del partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado; el exconcejal caraqueño Jesús Armas; el alcalde de Cabimas, estado Zulia, Nabil Maalouf; y el activista Luis Palocz.
Desde 2014, Foro Penal documentó un total de 18.096 detenciones políticas llevadas a cabo por el régimen de Venezuela, además de más de 9.000 personas que siguen sometidas a medidas restrictivas de libertad, como presentaciones periódicas ante tribunales.
Por su parte, la dictadura venezolana negó la existencia de “presos políticos”. Según su postura oficial, los encarcelados cometieron delitos tipificados en el ordenamiento jurídico del país y están cumpliendo condenas legales.
La oposición le exigió al régimen garantizar derecho a la salud de presos políticos
El partido Primero Justicia (PJ) pidió este miércoles al régimen venezolano que cumpla con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida y la salud de las personas bajo custodia, luego de que organizaciones no gubernamentales denunciaran la muerte de tres reclusos en cárceles del país.
“El Estado tiene la obligación legal y constitucional de garantizar el derecho a la vida y a la salud de las personas que están bajo su custodia, exigimos que esto sea respetado”, manifestó PJ en un comunicado publicado en X.
La formación política señaló que “muchos” de los detenidos en el contexto de las protestas postelectorales del 28 de julio padecen enfermedades crónicas, mientras que otros han enfermado debido a las condiciones insalubres, el escaso acceso a alimentos y la falta de asistencia médica en los centros de reclusión.
PJ aseguró que estas condiciones provocaron la muerte de tres detenidos, dejando “tres familias enlutadas como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro”.
El lunes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el fallecimiento de Osgual Alexander González Pérez, uno de los detenidos tras la crisis postelectoral, en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo.
Según el OVP, González presentó “síntomas de depresión” poco después de su ingreso al penal y fue hospitalizado en diciembre por un fuerte dolor abdominal, diagnosticado como “cólico nefrítico”, aunque los familiares del fallecido sospechan que pudo tratarse de hepatitis.
En la misma cárcel, el jueves de la semana pasada, murió Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, según reportó la ONG. Estas muertes se suman a la de Jesús Manuel Medina Martínez, de 36 años, ocurrida en noviembre en el estado Anzoátegui.
Medina había sido detenido por su rol como testigo electoral a favor del candidato opositor Edmundo González Urrutia, en las elecciones presidenciales de julio, de acuerdo con Primero Justicia.
