La organización no gubernamental Provea solicitó al gobierno de Nicolás Maduro que autorice la intervención médica de Rocío San Miguel, quien se encuentra detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
A través de su cuenta en X, la ONG subrayó que la activista necesita ser operada urgentemente, por personal médico de confianza, de fractura en el hombro derecho.
“San Miguel no puede ser sometida a una intervención por quienes tardaron meses en diagnosticarla”, destacó Provea, refiriéndose a las declaraciones del abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, quien reveló en diciembre a la agencia de noticias Efe que “fue diagnosticada cuatro meses después” del accidente.
Provea enfatizó que la activista “no debería ser sometida a cirugía en un lugar con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física”. Añadió que las condiciones de su reclusión para un posoperatorio y una rehabilitación no son dignas.
“Ella tiene derecho a médicos de su confianza, no a un sistema que le niega una atención efectiva y oportuna”, afirmó Provea.
Rocío San Miguel detenida por acusaciones de traición
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía mientras se preparaba para viajar con su hija. La Fiscalía la acusó de tener supuesto vínculo con un plan conspirativo que incluía intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
El fiscal Tarek William Saab afirmó que la activista “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a representantes diplomáticos de otros tres países.
Pero organizaciones nacionales e internacionales defienden desde entonces la inocencia de San Miguel.
“Hoy el gobierno de Maduro la acusa de ‘terrorismo’ y ‘traición a la patria’ debido a su labor como defensora en Control Ciudadano, donde Rocío documentaba, investigaba e informaba sobre temas relacionados con defensa y soberanía nacional”, destacó Provea además de solicitar respeto por el debido proceso.
