Este 2023 se cumplen 34 años de los sucesos del 27 de febrero de 1989, el llamado «Caracazo», cuando en las ciudades de Guarenas y Caracas se iniciaron una serie de protestas que después se extendieron por Venezuela, generando disturbios y fuertes violaciones a los derechos humanos.
Uno de los hechos que marcaría la historia política de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, no solo por su impacto directo sobre las víctimas de esos crímenes que siguen impunes 34 años después, sino por el efecto en la opinión pública, las interpretaciones sobre sus causas o el uso político de la fecha.
Para hablar sobre las secuelas del Caracazo y sus implicaciones en la sociedad, conversamos con Piero Trepiccione, politólogo y Coordinador del Centro Gumilla en el estado Lara.
El 27 de febrero de 1989 marcó un hito ¿Cómo resumirías tú el impacto que tuvo en la política en esa Venezuela de fines de los 80 y principios de los 90?
Fue un suceso que golpeó definitivamente la estructura jurídica y política del momento y que aceleró un proceso de cambio tanto de la opinión pública como de los factores de poder en el país. Indudablemente, fue aprovechado al máximo políticamente para acelerar la caída de ese sistema bipartidista que tuvimos desde 1958, soportado en el Pacto de Punto fijo. Significó un golpe duro a la legitimidad, tanto de origen como de desempeño, que tenía el sistema político venezolano.
Hubo unas fuerzas políticas que aprovecharon las violaciones de derechos humanos y el estado de desastre en el que se encontraban la economía y los indicadores sociales, como los niveles de pobreza, para sacarles provecho político. Ya a partir de 1992 y 1993 se notaron los primeros efectos y finalmente en 1998 se tradujeron en la victoria electoral de un candidato distinto de los actores políticos que habían sido protagonistas desde 1958.
Podría haber una conexión directa entre esos sucesos de febrero de 1989 y el proceso constituyente de 1999. Allí se da toda una reflexión y discusión, y finalmente queda un capítulo en la Constitución sobre derechos humanos, una innovación importante frente a la Constitución de 1961. ¿Crees que existió esa relación?
Después de los sucesos del 27 de febrero y días posteriores, el tema de derechos humanos ganó un posicionamiento extraordinario y hubo una mayor conciencia colectiva, es decir, se posicionó en la agenda pública nacional como nunca antes. Esa fuerza se mantuvo durante toda la década y justamente desembocó en Chávez asumiendo la bandera de la Constituyente, con mayor éxito que propuestas previas como la Álvarez Paz, que también asumió esa bandera Constituyente en la campaña presidencial de 1993, pero con otra perspectiva ideológica.
Chávez, el actor político que logró capitalizar el descontento popular en 1998, se asocia también al tema de la Constituyente y logró otorgar un impulso importante al tema de derechos humanos en la sociedad venezolana y, en ese sentido, muchos activistas de derechos humanos se incorporaron en la campaña de Chávez y posteriormente también en el proceso constituyente. Dada la importancia estratégica que adquirió el tema en la agenda pública nacional de entonces, pues incorporaron con mucha fuerza todo ese capítulo en la Constitución, que fortaleció la defensa de los derechos humanos en el país desde la base constitucional.
Desde el primer gobierno de Chávez, los derechos humanos se volvieron uno de sus lemas y el gobierno sigue reivindicando el 27 de febrero. ¿Por qué crees que se le ha dado tanto énfasis a ese hecho en el marco de este nuevo sistema político?
Porque en cierta forma fue el germen, el origen, de ese proceso político que resultó exitoso para Chávez en 1998. Comparemos con las elecciones de 1988 entre Eduardo Fernández y Carlos Andrés Pérez, que terminaría ganando este. En ese proceso electoral, entre AD y COPEI sacaron alrededor del 85 % de la votación, con una participación superior al 80 % del Registro Electoral de la época. Es decir, había niveles de pobreza altos y cuestionamientos por la corrupción o las violaciones de derechos humanos, pero, en términos generales, antes de 1989 la legitimidad que tenían Acción Democrática y Copey era extremadamente sólida. Justamente a partir de esos sucesos de 1989 fue cuando la situación se salió de control y se abre un boquete en la legitimidad del sistema bipartidista venezolano.
Es en ese momento cuando las fuerzas políticas asociadas a Hugo Chávez y todo el movimiento que lo apoyó para llegar a la presidencia, cuando tomaron como referencia el 27 de febrero como algo extremadamente importante y no tanto las elecciones de 1998, que fueron una consecuencia de lo anterior. Los eventos ocurridos a partir del 27 de febrero fortalecieron esa posición política basada en el cuestionamiento del sistema surgido a partir de 1958.
Si esta es una fecha tan emblemática, ¿no resulta paradójico que lo largo de más de 20 años del chavismo en el gobierno los perpetradores de esas violaciones de derechos humanos sigan estando impunes?
Esta paradoja es producto de que el énfasis en los hechos del 27 de febrero fue para aprovecharla políticamente y por un interés real por las violaciones masivas de derechos humanos que sucedieron esos días y por el castigo a los culpables. No hay voluntad política para atender esta situación y, mucho menos, para la reparación a las víctimas por parte del Estado o para esclarecer los hechos. Más allá de las iniciativas de algunas individualidades y organizaciones que han mantenido viva esa fecha, esas violaciones y esos procesos pendientes, en términos políticos, desde el Estado, lo que hay es una simple maniobra para utilizar la fecha con fines estrictamente político partidista, pero no hay realmente la voluntad. Nunca ha existido esa voluntad para asumir esa deuda enorme que tiene el Estado venezolano con las víctimas del 27 de febrero de 1989.
Así como el 27 de febrero tuvo un significado importante para la sociedad y para ciertos sectores políticos, ¿cómo crees que será el significado de las violaciones de derechos humanos registradas a partir de 2014? En la discusión política o las negociaciones, este no parece un punto fuerte de la agenda ¿Esos hechos podrían tener una importancia política mayor?
Estoy de acuerdo con un enfoque político sobre estas violaciones de derechos humanos; pero no un enfoque político partidista porque, obviamente, los derechos humanos tienen que ver con política, con organización política de la sociedad, con la institucionalidad, con la democracia. Entonces, el enfoque a partir de ahora debería incluir que el Estado venezolano, independientemente de la forma ideológica que lo dirija, no puede estar por encima del individuo y de los derechos humanos en general. Es decir, un sistema político que promueva la convivencia democrática es absolutamente inherente al respeto hacia los derechos humanos. Por tanto, no puede haber democracias sin respeto a los derechos humanos desde.
Por ello, así como el 27 de febrero fue un hito en materia de violación masiva de derechos humanos, 2014, 2017 y 2019 también tienen que quedar registrados en la memoria colectiva del país con la investigación de las violaciones de derechos humanos que se dieron en esas fechas. La lección es que los derechos humanos no son un problema de carácter ideológico partidista, están absolutamente asociados a la convivencia democrática. Y por ello estas son fechas que deben tener una significación especial, en el sentido de condenar abiertamente a quienes desde el Estado se convierten o se han convertido en violadores masivos de derechos humanos y a crear, de verdad, una cultura ciudadana, una cultura que condene categóricamente cualquier desviación que desde el Estado se pretenda en el futuro.
Insisto en que en Venezuela se han violado abiertamente derechos humanos en gobiernos de izquierda, de derecha y de centro. No es un problema ideológico, es un problema de concepción de la democracia y del procesamiento honesto y transparente de las diferencias políticas. Entonces, en el futuro, eso debe quedar muy claro. Yo creo que las organizaciones de derechos humanos como Provea, por ejemplo, deben mantener ese posicionamiento del tema y de lo que significa una verdadera convivencia democrática.
