Exactamente dos años después de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela continúa dividida entre el mandato popular documentado por la oposición y el poder de facto que ejerce Nicolás Maduro.
Según los datos recopilados y publicados por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y organizaciones ciudadanas, Edmundo González Urrutia habría obtenido una victoria contundente con aproximadamente 7.443.584 votos (67%), frente a los 3.385.155 votos (30%) atribuidos a Maduro, con base en el 83,5% de las actas de escrutinio digitalizadas y puestas a disposición pública. La diferencia superior a los cuatro millones de votos sigue siendo, para millones de venezolanos y varios gobiernos internacionales, la expresión legítima de la voluntad popular, reseña El Nacional.
La jornada electoral de 2024 fue recordada este martes como una de las más organizadas de la historia reciente del país. Miles de voluntarios en comanditos, testigos de mesa y el plan impulsado por María Corina Machado permitieron una fiscalización sin precedentes que, según la oposición, impidió un fraude de mayores proporciones.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro sin publicar las actas desglosadas ni permitir auditorías independientes, lo que generó un rechazo inmediato de buena parte de la comunidad internacional. Organismos como el Centro Carter y paneles de expertos de la ONU cuestionaron la transparencia del proceso oficial.
Dos años después: ¿hacia dónde va Venezuela?
A lo largo de estos 24 meses, el país ha vivido una ola de represión, exilios y detenciones que ha afectado a dirigentes opositores, activistas y ciudadanos. González Urrutia y Machado han mantenido su liderazgo simbólico desde el exterior o la clandestinidad, mientras sectores del oficialismo y la oposición exploran tímidos intentos de diálogo, impulsados en algunos casos por mediaciones internacionales.
Este 28 de julio no pasó inadvertido. Mientras el chavismo convocó movilizaciones por el natalicio de Hugo Chávez, la oposición realizó actos conmemorativos y llamó a mantener viva la exigencia de respeto a la voluntad expresada en las urnas.
“Las actas son el patrimonio del pueblo venezolano y nadie puede borrarlas”, afirmaron dirigentes opositores en eventos realizados en Caracas y otras ciudades.
Analistas coinciden en que, más allá de las cifras, el 28J de 2024 consolidó una nueva conciencia ciudadana: la de un país que, pese a las dificultades, demostró su capacidad de organizarse pacíficamente para exigir un cambio democrático.
Mientras tanto, la crisis humanitaria, los desafíos económicos y las recientes emergencias (como los reportados sismos) se suman a la compleja agenda nacional. La pregunta que persiste dos años después es si los actores políticos serán capaces de construir, desde la realidad de las actas y el reconocimiento internacional, un camino creíble hacia la transición y la reconciliación.
El tiempo dirá si el triunfo no reconocido del 28 de julio de 2024 se convertirá en el punto de inflexión definitivo de la historia contemporánea venezolana. Por ahora, sigue siendo la referencia moral y política de millones de venezolanos dentro y fuera del país.
