Primero fueron los 222 presos políticos expulsados de Nicaragua y despojados de su nacionalidad. Luego los 94 opositores, en su mayoría exiliados, que también perdieron su ciudadanía y fueron expropiados de sus bienes. Dos meses después, el gobierno de Daniel Ortega arremete contra los abogados, en especial aquellos que han defendido a reos de conciencia o han denunciado las violaciones a los derechos humanos en los últimos cinco años.
El pasado 11 de febrero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua anuló de manera «definitiva” los títulos de 25 abogados críticos del régimen. De ellos, 15 iban en el avión que los llevó desterrados a Estados Unidos y 10 estaban en el grupo de «apátridas” expropiados.
En su resolución, la CSJ argumentó que las personas suspendidas «de por vida” como abogados y notarios «no pueden ostentar el título ni ejercer dicha profesión en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”, que el gobierno mismo les arrebató hace tres meses por considerarlos «traidores a la patria”.
En el grupo destacan dos mujeres: una de ellas es la jurista Vilma Núñez, de 84 años y considerada un símbolo de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, a quien Ortega ordenó borrarla del Registro Civil de las personas, quitarle su pensión de vejez y confiscarle su casa.
La otra es Yonarqui Martínez, conocida como «la abogada de los presos políticos” y que, a diferencia de sus 25 colegas, no ha sido desterrada ni despojada de su nacionalidad nicaragüense. La CSJ no explicó el motivo de la sanción en su contra, pero le dio 24 horas para devolver su protocolo y sus sellos profesionales.
«No hay explicación alguna, no se me permitió la defensa y no se me permitió entrar a (revisar) los archivos. Es más, ni siquiera me notificaron, por lo tanto yo no me doy por enterada”, dice en conversación con DW.
Venganza contra defensores de DDHH
La abogada de 39 años, que asegura haber defendido a más de 500 presos políticos desde 2018, decidió rebelarse contra una decisión que considera «ilegal e inválida”. Por lo tanto, dice, no se presentará a entregar sus protocolos a la Corte. «No voy a ser partícipe de una ilegalidad. Además, ellos llevan años persiguiéndome, sé que si me presento caeré presa”, señala.
Según Martínez, esta es la primera vez en la historia de Nicaragua que una entidad del Estado inhabilita de forma masiva a 26 profesionales mediante la suspensión «de por vida” de los títulos que les permitían ejercer su oficio.
Si bien la ley nacional contempla la suspensión temporal y definitiva de títulos, esto ocurre solo en caso de faltas graves o delitos. «Y yo no he cometido ninguna falta ni delito, solo me he dedicado a defender derechos humanos”, agrega.
Martínez decidió hace 5 años defender a un grupo de jóvenes que habían sido arrestados en las protestas que estallaron en abril de 2018 contra el gobierno de Ortega. Su trabajo le ha costado amenazas, persecución y un ataque a tiros contra su casa. Hace dos años, se vio obligada a esconderse para proteger su vida.
Con mucho esfuerzo propio y de sus padres, logró estudiar y coronar su carrera de Derecho a los 21 años en la universidad pública de Managua. Corría 2005.
«Años de estudio y experiencia profesional no se borran con una circular de un órgano cómplice del Ejecutivo en violaciones de DDHH”, tuiteó tras enterarse de la resolución judicial, que para ella es «un acto de cobardía” de un presidente que no pasó del bachillerato.
Aunque la CSJ no razonó su sanción, ella la atribuye a que días antes denunció públicamente el arresto de 57 personas capturadas entre el 3 y el 6 de mayo en redadas nocturnas que culminaron con juicios exprés y condenas por «conspiración” dictadas a medianoche en cuarteles policiales.
«Soy otra víctima del régimen”
Otros afirman que, como en el caso de los 25 abogados inhabilitados por Ortega, el gobierno anuló su título en venganza por su permanente denuncia de las injusticias y los crímenes, lo que a Yonarqui Martínez la obligó a cambiar de domicilio varias veces en los últimos dos años.
Ya en 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares a su favor, tras advertir que ella y su familia «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia», después de sufrir detenciones temporales, asedio e intimidación policial, y un intento de homicidio el 5 de noviembre de ese año que no fue investigado por las autoridades.
«Este era un desenlace que de una forma u otra yo esperaba, dado que el régimen ha tomado represalias contra las personas que defienden derechos”, reflexiona. Sin embargo, confiesa que jamás pensó que «aplicarían una medida tan nociva”.
Martínez no se considera opositora. «No milito en ningún partido político y jamás lo he hecho; soy abogada y mi labor es la defensa de los derechos humanos”, asegura.
Y promete que, si bien permanece «en un lugar a resguardo” para no ser arrestada, no silenciará su voz. «Voy a seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos, pues para eso no es necesario tener licencia de abogada”, subraya.
Martínez señala que se entristeció mucho al conocer la resolución judicial en su contra, pero hoy siente «más fuerza y energía para luchar, tengo un compromiso más grande con las víctimas, porque sé que también soy parte de esas víctimas”.
La abogada cree que la situación de Nicaragua no debe quedar en el silencio y es «muy importante que el mundo se dé cuenta que este país vive una crisis de derechos humanos, que está secuestrado por personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y siguen haciendo daño a la población”.
Según la oposición nicaragüense, pese a que 222 presos políticos fueron excarcelados en febrero anterior, aún quedan en las cárceles al menos 46 reos de conciencia, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, obispo católico de Matagalpa (norte), que fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por negarse a subir al avión con los opositores desterrados.
