A pesar de los llamados de instancias internacionales y organizaciones locales, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista de Venezuela aprobó una ley que, de acuerdo a activistas, tiene carácter sancionador, criminaliza el derecho de asociación y tendrá efecto sobre sectores vulnerables.
El ambiente en Venezuela está marcado por incertidumbre, tensión y miedo, tras la escalada represiva denunciada por diversas instancias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y las amenazas que rodean, no solo a defensores de DDHH, sino a la sociedad en general.
Una ley que fiscaliza organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro aprobada la semana pasada por el Parlamento venezolano de mayoría oficialista impone nuevas obligaciones que afectan el derecho de asociación, coinciden activistas de DDHH que cuestionan los argumentos del gobierno.
El oficialismo sostiene que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero, pero activistas denuncian que el objetivo es “suprimir” el derecho de asociación.
El gobierno, además, ha argumentado que en el país existen al menos 60 ONG financiadas por gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos, que, afirma, operan con fines políticos con el objetivo de “generar desestabilización”.
¿Por qué amenaza con cerrar el espacio cívico?
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) sostienen que la ley viola “flagrantemente” los derechos de asociación y participación en asuntos públicos.
“Pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.
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