El anuncio de un posible intercambio de inteligencia militar entre Colombia y Venezuela ha generado preocupación entre especialistas en seguridad y relaciones internacionales, quienes alertan sobre los riesgos que esta medida podría representar para la información sensible del Estado colombiano y para su histórica alianza con Estados Unidos.
Según reseñó Infobae, la iniciativa fue impulsada por el presidente Gustavo Petro y confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El funcionario explicó que el gobierno busca «fortalecer los mecanismos de cooperación» con Caracas para combatir las amenazas transnacionales que operan en la frontera colombo-venezolana.
Durante un consejo de seguridad realizado en Boavita, Boyacá, Sánchez detalló que el objetivo es consolidar un espacio diplomático dentro de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela, a través de una Mesa Técnica de Seguridad y Defensa, que permita compartir información de inteligencia.
El ministro indicó que los avances se desarrollan «a través de canales diplomáticos», y subrayó que Colombia ya cuenta con un agregado de la Policía en Caracas, enfatizando que la cooperación busca fortalecer la acción binacional contra el crimen organizado.
La propuesta ha suscitado críticas entre académicos y analistas, que advierten sobre las implicaciones estratégicas del intercambio de información con una Fuerza Armada acusada de vínculos con grupos irregulares.
Walter Arévalo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, señaló a El Tiempo que la cooperación podría facilitar la identificación de rutas y estructuras criminales, pero no está exenta de riesgos.
“Desafortunadamente, si se quiere lograr avances operativos, es necesario compartir información con personas del otro lado de la frontera, quienes pueden observar los movimientos de los grupos ilegales desde otra perspectiva”, explicó.
No obstante, Arévalo advirtió que el carácter sensible de los datos de inteligencia puede exponer a Colombia a vulneraciones. “Sólo así es posible construir una visión conjunta sobre las rutas de distribución y las organizaciones que apoyan a estructuras delictivas mayores, pero también se corre el riesgo de revelar información estratégica del Estado colombiano”, sostuvo.
Falta de claridad jurídica y riesgo de infiltración
Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte, expresó su preocupación por la ausencia de un marco legal y territorial definido. En sus declaraciones a El Tiempo, indicó que la iniciativa «carece de claridad en aspectos jurídicos y territoriales fundamentales, lo que dificulta comprender su verdadero alcance».
Trejos recordó que el propio presidente Gustavo Petro calificó la medida como «complicada» y advirtió que podría permitir la infiltración de intereses ajenos a la lucha contra el crimen transnacional.
«Tampoco se identifican con claridad las amenazas que se pretende combatir, en particular aquellas de carácter binacional. Y resulta problemático, considerando que hay evidencia clara de que sectores militares venezolanos mantienen coordinación con el ELN en el lado venezolano de la frontera», explicó el académico.
Además, alertó sobre la posibilidad de que la información compartida termine en manos de organizaciones armadas ilegales. “El Gobierno colombiano podría entregar datos de inteligencia al ejército venezolano sin garantías de que estos no sean transferidos al ELN o a estructuras como la Segunda Marquetalia, que operan en territorio venezolano”, subrayó.
La dimensión internacional del asunto también ha sido destacada por analistas en política exterior. Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, afirmó que el anuncio parece responder más a un gesto político que a una política de defensa estructurada.
“Esto parece más una provocación a Estados Unidos que una verdadera directiva estratégica a las Fuerzas Armadas. No parece una orden presidencial estructurada, con un plan de seguimiento claro”, dijo Bonilla a El Tiempo, citada por Infobae.
Su lectura apunta a que la medida podría tensar las relaciones entre Bogotá y Washington, en un momento en que Estados Unidos mantiene una postura de vigilancia sobre la cooperación militar venezolana, especialmente tras el fortalecimiento de los vínculos entre Caracas y Moscú.
Advertencia geopolítica
El politólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional, Eduardo Pizarro Leongómez, también se pronunció sobre el tema, planteando una advertencia desde la óptica geopolítica.
A su juicio, aunque Colombia no debe respaldar operaciones militares de Washington en el Caribe ni una intervención que desestabilice la frontera, «tampoco resulta conveniente, en el contexto actual, un intercambio de información sensible entre Bogotá y Caracas».
Pizarro Leongómez señaló que “esta puede ser mal utilizada por nuestro vecino”, en referencia a la posibilidad de que datos estratégicos de las Fuerzas Armadas colombianas terminen sirviendo a los intereses del régimen venezolano.
El eventual acuerdo de inteligencia entre ambos países se desarrolla en medio de un frágil proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas impulsado por el presidente Petro desde su llegada al poder, y de una ofensiva política de Nicolás Maduro para recuperar legitimidad internacional.
Para los expertos consultados, el reto del Gobierno colombiano será mantener la cooperación fronteriza sin comprometer la seguridad nacional ni su relación histórica con Estados Unidos, principal aliado militar y estratégico de Bogotá.
