La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves 27 de agosto de 2026, por unanimidad y en primera discusión, el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La medida constituye el primer avance legislativo concreto derivado de las mesas de diálogo político que cuentan con el respaldo de Estados Unidos, según reportaron medios como Bloomberg y El Nacional.
El núcleo de la reforma modifica la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano encargado de evaluar y preseleccionar a los candidatos a magistrados. Se ampliará de 21 a 23 miembros: 12 escaños corresponderán a representantes de la sociedad civil, universidades y gremios legales, mientras que los 11 restantes serán ocupados por diputados. Históricamente este comité había estado dominado por legisladores afines al oficialismo. El proyecto también contempla reactivar un proceso completamente nuevo de postulación para renovar a todos los magistrados actuales del TSJ y crear un mecanismo para auditar las credenciales de los aspirantes, de acuerdo con El Diario y Infobae.
Esta iniciativa es resultado directo del primer ciclo de conversaciones formalizado el 12 de agosto entre la delegación del gobierno interino de Delcy Rodríguez y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015, liderada por Dinorah Figuera. El diálogo se reactivó con urgencia tras los terremotos del 24 de junio, que interrumpieron un proceso de renovación iniciado en abril (luego de que en mayo se elevó el número de magistrados de 20 a 32). El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, afirmó que el objetivo es “eliminar y castigar la mercantilización de la administración de justicia” y enfatizó el carácter soberano de las reformas. Por su parte, el diputado opositor Luis Florido señaló que el proceso “fracasará si no hay cambios de fondo” y exigió jueces sin color político, según Últimas Noticias y Monitoreamos.
Diversas organizaciones no gubernamentales mantienen una postura de cautela. Grupos como CEJIL y otras entidades civiles reconocieron que el anuncio aborda un “nudo estructural ineludible para la reinstitucionalización del país”, pero exigieron apego estricto a los estándares de la CIDH en materia de independencia, estabilidad judicial y concursos públicos transparentes. Analistas locales e internacionales subrayan que, aunque ceder cuotas en el comité de postulaciones busca destrabar el juego político y eventualmente facilitar el levantamiento de sanciones, el escepticismo permanece elevado porque las estructuras de poder reales no han cambiado de manera radical.
Tras superar la primera discusión, el proyecto pasará a un periodo de consulta pública y trabajo técnico en las comisiones parlamentarias. Posteriormente deberá volver al pleno para una segunda votación antes de convertirse en ley. El proceso se observa con atención tanto por su potencial para contribuir a la reconstrucción institucional como por los desafíos prácticos de garantizar transparencia y meritocracia en la selección de los nuevos magistrados.
