Los analistas dicen que la decisión de la administración Trump de confiscar petroleros que transportan crudo venezolano podría poner una presión significativa sobre Nicolás Maduro al apuntar a la principal fuente de ingresos del régimen, forzando potencialmente concesiones significativas sin llegar a garantizar un cambio de régimen.
En los últimos días, Estados Unidos ha incautado dos petroleros vinculados a exportaciones venezolanas. Estas medidas se produjeron después de que el presidente Donald Trump anunciara lo que denominó un «BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO» de los buques sancionados que transportan petróleo venezolano. Trump también afirmó que Washington exigirá una compensación por los activos estadounidenses nacionalizados por Caracas en décadas pasadas, presentando la campaña como una respuesta a lo que describió como el robo de propiedad estadounidense.
Varios especialistas en Venezuela consultados por The Atlantic en un nuevo y extenso informe argumentan que el enfoque en las exportaciones petroleras marca un cambio con respecto a medidas anteriores que no amenazaron directamente el control del poder de Maduro. Juan González, exasesor del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina durante la presidencia de Joe Biden, afirmó que la medida afecta a «la mayor fuente de ingresos que ha sostenido al gobierno de Maduro desde 2013».
«Si el objetivo es forzar concesiones», dijo, «ésta es una decisión realmente inteligente».
Jason Marczak, experto en América Latina del Atlantic Council, afirmó que una aplicación más estricta de las sanciones podría cortar los «respaldos financieros que mantienen a Maduro en el poder». Sin embargo, otros advirtieron que Venezuela se ha adaptado repetidamente a las sanciones. Francisco Mora, exfuncionario de defensa estadounidense, afirmó que aumentar el costo de la exportación de petróleo «perjudica al régimen», pero añadió que «no está claro el impacto que tendrá».
Las autoridades estadounidenses afirman que las incautaciones se basan legalmente en las sanciones vigentes, lo que las distingue de ataques aéreos anteriores contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Sin embargo, los analistas advierten que las medidas conllevan riesgos. Los ingresos petroleros sustentan tanto al Estado venezolano como a la economía en general, lo que aumenta la posibilidad de un empeoramiento de las condiciones humanitarias y un aumento de la migración. González afirmó que mantener un embargo total sería difícil «dadas las implicaciones humanitarias y migratorias».
La campaña de presión ya ha tenido repercusiones. La petrolera Cyprus Limited, vinculada a Rusia, anunció recientemente su salida de Venezuela , alegando el impacto combinado de las sanciones internacionales y las restricciones financieras. La compañía afirmó que enfrentaba una «incapacidad estructural» para continuar sus operaciones, lo que agravó las señales de tensión en el sector energético.
Caracas ha condenado las incautaciones de petroleros como «robo» y «piratería internacional» y ha solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU .
Los expertos coinciden ampliamente en que las confiscaciones podrían causar daños económicos sin necesariamente derrocar al gobierno. «Eso», afirmó el analista Geoff Ramsey, «no es necesariamente un golpe mortal».
