El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) denunció que la anulación de pasaportes a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en Venezuela forma parte de un patrón sistemático de represión y control social por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En un reciente informe, la organización señaló que al menos 40 casos de anulación de pasaportes fueron documentados entre julio y agosto de 2024, en un contexto marcado por la movilización ciudadana en torno a las elecciones presidenciales. La mayoría de los afectados se enteraron de la anulación cuando intentaron salir del país o al renovar su documento.
“El Estado ha adoptado esta práctica como otra herramienta para inhibir el debate público, la denuncia de violaciones de derechos humanos y la libre circulación de quienes considera disidentes”, señala Cejil.
Anulación de pasaportes sin justificación ni debido proceso
Los casos registrados muestran un patrón común: las personas afectadas no reciben notificación formal ni decisión administrativa o judicial que explique las razones de la anulación. Tampoco existe garantía alguna de acceso a la justicia ni al debido proceso.
Entre los afectados hay periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, académicos, artistas, activistas sociales e incluso familiares directos, incluidos menores de edad. En tres de los casos, también fueron anulados los pasaportes de los hijos o parejas de los afectados.
Esta táctica afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión, la asociación, la defensa de derechos humanos, el derecho al trabajo y la movilidad, y ha generado impactos profundos en el ámbito familiar y profesional, de acuerdo con el Cejil.
Saime y Dgcim involucrados en bloqueos, interrogatorios y extorsión
Cejil alertó que funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) han participado en estas acciones represivas. Existen testimonios sobre interrogatorios irregulares, revisión de teléfonos celulares, confiscación de pasaportes y largas detenciones sin explicación en oficinas especiales del ente.
Algunos afectados que intentaron reclamar en la Defensoría del Pueblo o en sedes regionales del Saime no obtuvieron respuesta alguna. En el extranjero, la situación se agrava ante la falta de representaciones diplomáticas activas de Venezuela.
Incluso hay reportes de personas que, tras pagar altas sumas de dinero para renovar sus pasaportes, vieron sus documentos anulados nuevamente pocos días después.
Política de represión sistemática
Cejil subraya que la anulación de pasaportes no solo pretende sancionar a personas específicas, sino también disuadir a otros de ejercer activismo, periodismo o participación pública. Es parte de una política de represión sistemática que vulnera el marco normativo nacional e internacional.
La organización pidió a la comunidad internacional, a los Estados y a los organismos multilaterales que intervengan para mitigar los efectos de estas medidas, fortalecer las políticas migratorias en apoyo a las víctimas y exigir al Estado venezolano que respete los derechos fundamentales.
También instó a que se reviertan las anulaciones injustificadas y se garantice el debido proceso administrativo y judicial en todos los casos relacionados con documentación de identidad y movilidad.
