Las imágenes difundidas por Donald Trump sobre el ataque de las fuerzas armadas estadounidenses a un narcosubmarino en el mar Caribe volvió a poner en el centro de la escena la implacable lucha antidrogas de Estados Unidos. El operativo, realizado el pasado jueves, dejó dos tripulantes muertos y otros dos sobrevivientes, quienes serán repatriados a Colombia y Ecuador para su detención y procesamiento. Esta acción forma parte de una serie de ofensivas militares estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela, con el objetivo declarado de frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.
Este sábado el presidente Trump compartió imágenes del momento del ataque. En las mismas se puede observar a un submarino navegando en aguas caribeñas, hasta que es interceptado por un misil del Ejército de Estados Unidos.
En el mismo mensaje, el jefe de Estado norteamericano anunció la repatriación de los sobrevivientes a través de su cuenta en Truth Social, donde también aseguró que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación transportaba principalmente fentanilo y otros narcóticos ilegales.
El mandatario subrayó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante el ataque y justificó la operación al afirmar: “Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra”.
Este fue el primer operativo norteamericano en el que se registran sobrevivientes, ya que en los cinco ataques previos, al menos 27 personas murieron y no se habían reportado detenciones.
Sobre la identidad de los sobrevivientes, Trump detalló que se trata de ciudadanos de Colombia y Ecuador. Ambos serán devueltos a sus países de origen, donde enfrentarán cargos relacionados con narcotráfico. Las autoridades estadounidenses no han precisado cuántas personas viajaban a bordo de la embarcación ni han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de los sobrevivientes.
La administración Trump ha defendido la legalidad de estos operativos argumentando que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado no internacional” con organizaciones narcoterroristas presentes en Venezuela, lo que, según la Casa Blanca, legitima el uso de la fuerza en la región.
Es habitual que Trump comparta videos de estos ataques en sus redes sociales, describiendo a los fallecidos como “narcotraficantes”. El presidente también ha insistido en que la destrucción de estas embarcaciones salva miles de vidas estadounidenses, reiterando que “cada vez que destruimos un barco, salvamos la vida de 25.000 estadounidenses”.
No obstante, la ofensiva militar ha generado inquietud en el ámbito político y legal estadounidense. Varios legisladores demócratas y expertos legales han cuestionado si los ataques cumplen con el marco legal internacional e interno, y han exigido al Ejecutivo que presente pruebas de que las naves interceptadas realmente transportaban sustancias ilícitas. Algunos congresistas han sostenido que la administración necesita la autorización del Congreso para ejecutar este tipo de operaciones militares.
La reacción del gobierno venezolano fue inmediata. Maduro rechazó cualquier vínculo con redes de tráfico de drogas y acusó a la Casa Blanca de buscar un cambio de régimen en Venezuela. Maduro advirtió que está preparado para declarar el estado de emergencia ante lo que calificó como “agresión estadounidense”, y se otorgó poderes adicionales en caso de un ataque externo. El anuncio de Trump sobre la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, alimentó las especulaciones en Caracas sobre un posible intento de derrocamiento del régimen venezolano.
El contexto de estas acciones militares incluye un notable incremento de la presencia estadounidense en el Caribe desde agosto, con el despliegue de destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear, ocho buques de guerra, bombarderos B-52 y unos 10.000 soldados. El miércoles anterior al ataque, bombarderos estratégicos estadounidenses sobrevolaron a unos 240 kilómetros al norte de la costa venezolana, lo que contribuyó a elevar la tensión en la región.
En este clima de creciente hostilidad, el régimen venezolano ha adoptado medidas preventivas. Nicolás Maduro firmó un decreto que establece el estado de conmoción externa, dotando al Ejecutivo de facultades excepcionales para responder ante una eventual agresión extranjera, en respuesta a las recientes declaraciones públicas de Trump y otros altos funcionarios estadounidenses.
