En la tanda de ascensos militares de julio de 2026, el régimen venezolano colocó al frente del generalato de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a oficiales sancionados por Washington por represión y tortura, y puso a la cabeza del orden de mérito de su propia promoción a un general formalmente señalado por maltrato de detenidos bajo su mando. En total, 50 oficiales de la GNB subieron de grado (23 Generales de División y 27 Generales de Brigada), dentro de un paquete de 168 generales y almirantes repartidos en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la fuerza en la que Rodríguez concentró el mayor peso de esta rotación.
Ese reparto ocurre en un momento en que, según analistas constitucionales, el fundamento legal del cargo de quien lo firma empezó a cuestionarse. La Constitución fija en 180 días el plazo máximo de una encargaduría presidencial. Según esta lectura del artículo 234 —defendida por separado por el abogado Alí Daniels, el politólogo Nicmer Evans, el analista Joel García y la organización CEPAZ—, contado desde que Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada el 5 de enero de 2026, ese límite se habría cumplido el 3 de julio de 2026, tres semanas antes de que se conociera esta tanda de ascensos.
Ese es el marco en el que debe leerse el paquete de generales: no bajo un gobierno con legitimidad de origen incuestionada, sino bajo una administración que, según esos análisis, gobierna más allá de su mandato constitucional. El patrón de fondo, usar la lealtad de la cúpula militar como sostén político en un momento de fragilidad institucional propia, es el mismo que caracterizó al gobierno de Nicolás Maduro.
Sancionados por Washington, promovidos por Caracas
Tres de los nombres de esta tanda ya cargaban sanciones internacionales antes de recibir su nuevo grado. Danny Román Ferrer Sandrea fue ascendido a General de División de la GNB mediante la Resolución 1122. Comandó el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) entre 2021 y 2024, un período que incluyó las detenciones postelectorales de julio de 2024, antes de rotar en noviembre de ese año hacía lo que hoy es la Superintendencia Nacional Antidrogas, que dirige actualmente. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en enero de 2025.
Asdrúbal José Brito Hernández encabezó el orden de mérito de su propia cohorte de ascenso en julio de 2026, es decir, quedó calificado como el mejor evaluado de su promoción a General de División. Ese mismo oficial fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos en septiembre de 2024 por tortura y maltrato de personas detenidas en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, bajo su mando. Que el sistema de evaluación interno de la GNB lo haya puesto primero en su clase, en el mismo año en que Washington documentó torturas bajo su jefatura, no es un dato aislado: se suma a los casos de Ferrer Sandrea y de Rubén Santiago Servigna, también sancionados por Washington dentro de la misma tanda de ascensos.
Santiago Servigna, director de la Policía Nacional Bolivariana desde 2023, también fue sancionado por el Tesoro estadounidense, en noviembre de 2024. Aunque su cargo es policial, corresponde al patrón habitual en Venezuela de que la PNB sea dirigida por un general activo de la GNB en comisión de servicio, por lo que su ascenso a General de División, oficializado bajo la Resolución 1123, pertenece al escalafón de la Guardia Nacional y no al de la policía civil.
El expediente de Guatire
Pedro Luis Pérez Silen también subió a General de División mediante la Resolución 1123. Está confirmado, con triple fuente contemporánea independiente, que convocó y coordinó la logística de la reunión militar del 21 de junio de 2019 en Guatire, encuentro que terminó en la detención de un grupo de oficiales, entre ellos el capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió bajo tortura en custodia del DGCIM días después.
Sobre lo que ocurrió después de esa reunión, sin embargo, el expediente público se vuelve mucho más delgado. La caracterización de Pérez Silen como un “infiltrado” que grabó el encuentro y lo entregó al régimen proviene de una nota publicada en julio de 2019, citando fuentes militares no identificadas [SIN CONFIRMAR]. Esa versión no debe confundirse con otra, distinta en origen y en fuerza probatoria: Waleska Pérez, viuda de Acosta Arévalo, calificó públicamente como “traidores” a Pérez Silen y a otro oficial, sin precisar en ningún momento el mecanismo de esa traición [SIN CONFIRMAR]. Ninguna de las dos versiones ha sido corroborada judicialmente. Ni un tribunal, ni la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, ni el Ministerio Público han señalado o imputado formalmente a Pérez Silen en el caso Acosta Arévalo en los siete años transcurridos desde su muerte. Solo dos agentes del DGCIM fueron condenados por la tortura y el homicidio del capitán, y Pérez Silen, como tampoco la GNB, nunca respondió públicamente a la acusación.
Un señalamiento de 2017 que nunca volvió a aparecer
Ediam Gabriel Lagonell Hernández completa la lista de generales de división ascendidos bajo la Resolución 1123. A diferencia de sus compañeros de tanda, no figura en ningún listado de sanciones individuales de Estados Unidos, la Unión Europea ni el Reino Unido.
Sobre su historial sí circula una acusación más antigua, y su origen conviene precisarlo con cuidado: un único reportaje publicado en junio de 2019, basado en fuentes institucionales anónimas, lo señaló como responsable de la represión de las protestas de 2017 [SIN CONFIRMAR]. Un segundo medio replicó esa nota el mismo día citando textualmente al primero como su fuente, lo que la convierte en eco, no en corroboración independiente. En los siete años siguientes, ningún informe de Foro Penal, PROVEA, Human Rights Watch ni de organismos de la ONU volvió a mencionar a Lagonell en ese contexto, y tampoco apareció en ningún listado de sanciones. Esa ausencia no debe leerse como una exculpación ni como una confirmación: es, simplemente, la ausencia de desarrollo que hay que reportar tal cual existe.
Una promoción disputada solo por una fuente
El paquete incluyó también a Julio César Ferrer Miranda, ascendido a General de Brigada bajo la Resolución 1124. Una denuncia interna sostiene que ocupó el puesto 81 de 99 en el orden de mérito de su promoción de 1995 en la Escuela de Formación de Oficiales (II Promoción “Batalla de Mucuritas”), y que ese dato generó malestar dentro de la institución. Se trata de una alegación proveniente de una única fuente interna anónima, sin registro público del orden de mérito que la respalde ni corroboración independiente del supuesto malestar [SIN CONFIRMAR].
La dificultad para verificar ese dato tiene una explicación estructural más amplia: nadie, ni siquiera la prensa especializada en temas militares, ha logrado acceder al texto primario de las Resoluciones 1121 a 1124 en Gaceta Oficial. Todo el reporteo de esta tanda depende de la reproducción periodística de esos documentos. Esa opacidad quedó ilustrada de forma directa con el caso de otro oficial de la misma rotación, Carlos Eduardo Aigster Villamizar, a quien inicialmente se le atribuyó un ascenso a General de División que en realidad ya ostentaba desde 2023; lo que recibió en julio de 2026 fue un ascenso al grado superior de Mayor General. Si ni la identificación exacta del grado que recibe cada oficial puede confirmarse sin fricción, la opacidad no es un detalle menor del proceso: es una característica de él.
Horas después de oficializar la tanda de ascensos, Delcy Rodríguez anunció una nueva reestructuración del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con cambios en el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), el Ejército, el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai) y seis de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi).
A través de un mensaje publicado en su canal de Telegram, Rodríguez informó la designación del mayor general Rubén Belzares Escobar como nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional, en sustitución de Rafael Prieto Martínez, quien había sido nombrado en marzo de este año. Hasta ahora, Belzares Escobar se desempeñaba como comandante general del Ejército.
“Anuncio la designación de los nuevos responsables del Comando Estratégico Operacional de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, quienes asumen la responsabilidad de seguir fortaleciendo nuestra capacidad operativa y defensiva, en resguardo de la soberanía, la independencia y la paz de la República”, escribió Rodríguez.
Como parte de los cambios, el mayor general Pedro González Ovalles fue designado nuevo comandante general del Ejército. Asimismo, Víctor Borjas Trujillo asumirá como segundo comandante del Ceofanb, mientras que José Freitas quedó al frente del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai).
La reorganización también alcanzó a seis de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi). Rodríguez nombró a Javier Magallanes como comandante de la Redi Occidental, en sustitución de Pedro González; a Carlos Solórzano en la Redi Insular, en relevo de Víctor Borjas; a Romeri Domínguez en la Redi Los Llanos, reemplazando a Gustavo Serrano; a Denny Ferrer en la Redi Oriental; a Miguel Yilales en la Redi Guayana; y a Carlos Villamizar como nuevo comandante de la Redi Capital.
Este último nombramiento ha llamado especialmente la atención entre observadores militares. Diversos analistas consideran que es la primera vez que un oficial proveniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) asume el mando de la Redi Capital, una decisión que podría interpretarse como una señal de que una de las principales preocupaciones del Gobierno es reforzar el control del orden interno en la región donde se concentran Caracas y las principales instituciones del poder político y militar.
Las nuevas designaciones complementan la mayor reorganización militar anunciada por Rodríguez desde que asumió el poder en enero de este año y se producen apenas horas después de la ratificación de Gustavo González López como ministro de la Defensa.
