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A dos semanas de los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela, la tragedia humanitaria no solo desnuda la precariedad de la infraestructura, sino una alarmante contradicción política y de derechos humanos. Según un reportaje publicado por el medio independiente Diario de Cuba, los mismos cuerpos de seguridad e inteligencia que la ONU identificó como los principales brazos ejecutores de la represión durante el régimen de Nicolás Maduro —el SEBIN, la DGCIM y el CONAS— controlan hoy con armas y mano de hierro los campamentos de refugiados y albergues temporales en Caracas.
Esta militarización de la ayuda humanitaria, documentada en recientes informes de las organizaciones Provea y Caleidoscopio Humano, ocurre bajo una sombra inevitable: el tutelaje directo que el gobierno de los Estados Unidos ejerce sobre Caracas tras la caída de Maduro el pasado 3 de enero y la instauración del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Frente a este escenario, cabe una pregunta incómoda pero urgente para la comunidad internacional: ¿Cómo es posible que bajo la tutela de Washington, una potencia que se supone defensora global de las libertades plenas y los derechos democráticos, se permita que organismos con un largo historial de torturas, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas sigan operando y amedrentando a la población civil más vulnerable?
El control social sobre el dolor
La presencia de funcionarios armados en los refugios de la Avenida Bolívar, el Paseo Los Ilustres, la Plaza Altamira y el Parque del Oeste no responde a una lógica de protección civil, sino de silenciamiento. El reporte de Diario de Cuba destaca que, según la organización Provea, este despliegue infunde terror y autocensura entre los damnificados, quienes temen denunciar la lentitud en la entrega de alimentos o la falta de agua por miedo a ser tildados de opositores o sufrir represalias por parte de los mismos agentes que los vigilan.
Por su parte, Caleidoscopio Humano denunció una respuesta estatal «tardía e insuficiente», marcada por la opacidad en las cifras de desaparecidos —que organizaciones internacionales estiman entre 10.000 y 50.000 personas— y la alarmante militarización de la «zona cero» en La Guaira. En dicha región, la más devastada por los sismos del pasado 24 de junio, se han documentado robos de insumos esenciales (como colchones) por parte de la Guardia Nacional y colectivos armados, así como la detención de rescatistas independientes que exigían transparencia.
Una exigencia directa a la Casa Blanca
La inacción del nuevo gobierno interino para desmantelar estos aparatos represivos ha llevado a organizaciones de peso internacional a apuntar directamente hacia los responsables en el norte. La Washington Office on Latin America (WOLA), presidida por Carolina Jiménez, envió una carta abierta al gobierno de los Estados Unidos instándolo a utilizar su intermediación política ante el rol de tutela que ejerce actualmente sobre Caracas.
Las demandas de la sociedad civil exigen una respuesta que Washington debería respaldar por pura coherencia ideológica:
- Desmilitarización inmediata: Una respuesta de emergencia liderada por civiles y organismos humanitarios, no por entes de contrainteligencia militar.
- Transparencia radical: Acceso ágil para agencias internacionales como OCHA y el cese del bloqueo a medios de comunicación y redes sociales.
- Garantías democráticas: La derogación definitiva de la Ley de ONG que aún restringe el trabajo de los defensores de derechos humanos en el país.
Alzar la voz para exigir comida, información sobre familiares desaparecidos o un techo digno en medio de una catatástrofe natural jamás puede ser tratado como un delito de Estado. Si el nuevo rumbo político de Venezuela está auspiciado y supervisado por los Estados Unidos, permitir que el terror del SEBIN y la DGCIM continúe intramuros en los albergues no es solo una negligencia administrativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez; es una flagrante contradicción de la política exterior estadounidense que debilita el discurso de la libertad y valida los peores vicios del pasado reciente.
Nota de editor Esta nota de prensa se fundamenta en los datos, testimonios y reportes de derechos humanos expuestos en el artículo exclusivo «Cuerpos represivos de la era Maduro vigilan los campamentos de damnificados por los sismos», firmado por el periodista Salvador Bracho y publicado originalmente por el medio independiente Diario de Cuba el 10 de julio de 2026 (MP)
