Las fuerzas de seguridad venezolanas han restringido severamente el acceso a partes de la costa caribeña del país tras los devastadores terremotos de la semana pasada, en medio de acusaciones de que las autoridades están protegiendo depósitos ocultos de oro, armas y dinero en efectivo, según personas familiarizadas con la situación.
Por: Antonio María Delgado – Miami Herald
Estas denuncias surgen en un momento en que varios equipos de rescate extranjeros se han quejado públicamente de que las autoridades retrasaron u obstaculizaron el acceso a algunas de las zonas más afectadas del estado de La Guaira, poniendo potencialmente en riesgo la vida de los supervivientes que aún podrían estar atrapados bajo los escombros y planteando interrogantes sobre lo que podría haber dentro de las zonas acordonadas.
Las restricciones llegan en un momento en que el tiempo se agota rápidamente para quienes aún permanecen atrapados bajo los escombros. Según las últimas cifras publicadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos asciende a 2.295, con 11.267 heridos.
Más de 6.000 personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros, pero miles siguen desaparecidas. Al menos 855 edificios se han derrumbado por completo en todo el país, incluyendo 158 en La Guaira, una de las zonas más afectadas por las denuncias.
Una persona familiarizada con la situación declaró al Miami Herald que miembros de la Guardia Nacional venezolana, acompañados de personal armado y trabajadores, entraron en las zonas afectadas durante operaciones nocturnas en los días posteriores a los terremotos para retirar lo que se describió como depósitos ocultos.
El relato se ve respaldado en parte por videos proporcionados por un testigo que afirmó haber visto maletas y bolsas llenas de dólares estadounidenses, así como pesadas cajas de madera que requerían cuatro personas para ser transportadas. El testigo creía que las cajas contenían oro, aunque su contenido no pudo ser confirmado.
El Herald no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones ni autenticar el video.
La fuente también afirmó que las autoridades bloquearon el acceso a tramos de costa afectados por los terremotos entre Camurí y Chirimena, incluida la zona de Toasana en el estado de La Guaira, impidiendo la entrada de civiles y, en algunos casos, de equipos de rescate.
“creen que hay algo muy grave allí porque toda la zona ha sido acordonada”, dijo la persona.
Según la fuente, varias figuras importantes vinculadas al movimiento gobernante de Venezuela poseen desde hace tiempo propiedades de lujo frente al mar en la zona, con acceso directo al océano. Es posible que algunas de esas propiedades sirvan ahora como escondites para proteger activos ocultos.
La fuente también describió un incidente que involucró a un piloto de helicóptero que vuela regularmente a una residencia en la zona restringida. Según el relato, el piloto recibió autorización para despegar de Caracas, pero los controladores aéreos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar le ordenaron regresar antes de llegar a la zona, a pesar de haber informado a las autoridades que transportaba alimentos y suministros médicos.
“La zona está totalmente prohibida. Nadie tiene permitido entrar”, dijo la persona que los funcionarios le comunicaron al piloto.
En una entrevista aparte, otra persona familiarizada con la situación, que ha participado en investigaciones de inteligencia anteriores relacionadas con funcionarios venezolanos, ofreció acusaciones adicionales sobre la zona restringida.
Según su relato, las autoridades están centradas en un conjunto de casi 190 edificios residenciales en La Guaira que, según alega, han sido utilizados durante mucho tiempo por redes vinculadas a colectivos progubernamentales y figuras asociadas con miembros poderosos del movimiento gobernante.
Afirma que los edificios formaban parte de una red ilícita de manejo de efectivo en la que los operadores compraban dólares estadounidenses con bolívares y guardaban grandes sumas en cajas fuertes ocultas. Asegura que cada edificio contenía una o dos cajas fuertes con entre 100.000 y más de un millón de dólares, dependiendo del volumen de transacciones que se realizaban allí.
También afirmó que al menos cinco de esas cajas fuertes ya habían sido recuperadas de estructuras dañadas por el terremoto y trasladadas a lugares no revelados.
La misma fuente indicó también que algunas de las zonas restringidas podrían contener instalaciones de almacenamiento de drogas y compartimentos ocultos conectados con rutas de tráfico marítimo, y que algunas de las operaciones más delicadas se han llevado a cabo de noche.
Según su relato, la vigilancia durante el día se mantiene mediante drones, mientras que después del anochecer el personal militar desaloja a los civiles y a los equipos de rescate de ciertos lugares antes de que los camiones entren en la zona.
Las acusaciones relativas al dinero oculto y las rutas de narcotráfico surgen en el contexto de antiguas acusaciones de que elementos de la élite política y militar de Venezuela han participado en el narcotráfico a gran escala a través de la red comúnmente conocida como el Cártel de los Soles.
Las autoridades estadounidenses llevan años alegando que la organización, que debe su nombre a las insignias solares que usan los generales venezolanos, opera como una estructura criminal informal en la que participan altos oficiales militares, agentes de inteligencia y figuras políticas que facilitan el movimiento de cocaína desde Sudamérica hacia el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos.
Aunque el exdictador Nicolás Maduro fue capturado a principios de este año en una operación respaldada por Estados Unidos, varias personas previamente acusadas por Washington de tener vínculos con el Cártel de los Soles siguen siendo influyentes dentro del aparato de gobierno de Venezuela, ahora liderado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Entre quienes han enfrentado sanciones o acusaciones penales por parte de Estados Unidos se encuentran el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ex Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quienes aún ejercen un poder considerable sobre las instituciones de seguridad y militares. Funcionarios estadounidenses han alegado repetidamente que estas redes desdibujaron la línea entre la autoridad estatal y el crimen organizado, permitiendo que el tráfico ilícito y las operaciones financieras funcionaran bajo protección oficial.
Un rescatista extranjero que trabajaba en La Guaira declaró a la fuente del Herald que se sintió intimidado después de que el personal de seguridad inspeccionara los teléfonos y monitoreara los movimientos de los rescatistas. La fuente también afirmó que, en un edificio derrumbado, los rescatistas extranjeros fueron empujados físicamente hacia atrás cuando intentaban entrar.
Varias versiones que circulan en las redes sociales parecen respaldar las afirmaciones de que se ha restringido el acceso a los equipos de rescate.
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