Hace pocos días la justicia de Chile hizo un impactante anuncio. Acusó a Diosdado Cabello, ministro del Interior y de Justicia, y uno de los hombres fuertes del régimen de Venezuela, de contratar al Tren de Aragua para asesinar al desertor del ejército venezolano, el teniente Ronald Ojeda. Una operación ilegal que comenzó en Colombia y terminó en Chile.
«Lo que sí hemos tenido, tenemos establecido es que el que se encarga de hacer la negociación es Diosdado Cabello y quién estaría detrás del pago», expresó en el anuncio Héctor Barros Vásquez, fiscal regional de Chile. La acusación de la fiscalía se conoce poco antes de iniciar los juicios contra 34 integrantes del Tren de Aragua en Chile. Uno de los capítulos centrales de este caso judicial es la operación cacería denunciada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y que reveló cómo el régimen de Nicolás Maduro se alió con las guerrillas y organizaciones criminales para perseguir, secuestrar y asesinar desertores y opositores del régimen por todo el continente.
Ojeda, el teniente asesinado en Chile, era uno de los objetivos de esa operación que comenzó en Cúcuta el 13 de diciembre de 2023. Él, junto con un antiguo compañero de armas, Ángelo Heredia, el líder estudiantil Paulo Parada y otros opositores convocaron a una reunión para planear cómo derrocar a Nicolás Maduro.
Con lo que no contaban es que la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen, DGCIM, se alió con el Eln para secuestrarlos en Colombia. Parada se salvó porque no alcanzó a llegar a la reunión. Heredia fue secuestrado en territorio colombiano por los elenos y entregado a los militares venezolanos al otro lado de la frontera y desde entonces está en una cárcel en Venezuela. Ojeda logró escapar, según lo contó un testigo a Noticias Caracol.
Coge todo un bus hasta Rumichaca y empieza a bajar Ecuador hasta Perú y después hasta Chile. Todo el recorrido lo hace absolutamente por tierra», se escucha decir al testigo. Dos meses después, el 21 de febrero de 2024, Ojeda fue secuestrado en su apartamento en Santiago de Chile por integrantes del Tren de Aragua disfrazados de policías chilenos. A los pocos días su cuerpo apareció asfixiado y enterrado debajo de una construcción en un barrio de esa misma ciudad. Aunque muchos de los hechos ocurrieron en Colombia, la Fiscalía colombiana jamás investigó el caso.
En Chile, en cambio, un equipo de investigadores duró dos años armando el rompecabezas y ubicando a todos los que participaron del crimen en varios países, incluyendo Costa Rica, Estados Unidos y Colombia. Gracias a estas pesquisas, varios miembros del Tren de Aragua que delinquían en Chile fueron ubicados en territorio nacional. Dos de ellos, Luis Alfredo Carrillo, alias Gocho, y Dayonis Orozco, alias el Botija, quienes participaron directamente en el crimen de Ojeda, fueron capturados por Interpol Colombia. Aunque estaban pedidos en extradición por Chile y los trámites se habían surtido, el gobierno Petro no los envió y solo hace dos semanas se hizo efectiva la extradición a Chile.
Esta misma semana con el inicio de las audiencias de juicio, los detalles de este crimen político serán expuestos en los tribunales chilenos. «Respecto a las autoridades venezolanas, nosotros seguimos sosteniendo que hay participación en este caso y que el móvil es un móvil político», agregó el fiscal chileno Barros Vásquez. Para el abogado Juan Carlos Manríquez, que representa a la familia de Ronald Ojeda, tampoco hay duda de que se trató de un crimen político.
«Hasta la fecha, la Fiscalía de Chile ha sostenido la tesis que este grupo fue cooptado, fue negociado, fue a su vez utilizado y a su vez servido como un verdadero outsourcing criminal con dineros provenientes de Venezuela pagados por, según tres personas en esta investigación, Diosdado Cabello, fuera de Venezuela y fuera de Chile y que a su vez en un plan logístico sumamente sofisticado hasta esa fecha nunca visto en Chile, lograron la extracción, ejecución, muerte, entierro ilegal e intento de desaparecimiento del cuerpo de Ronald Ojeda», indicó Martínez.
Tal y como lo afirma el abogado, se trata de un caso con pocos precedentes internacionales. La justicia de un país, en este caso Chile, está acusando a uno de los políticos más importantes del régimen venezolano, Diosdado Cabello, de contratar a una banda sicarial para cometer un asesinato político transnacional. Jairo Libreros, experto en seguridad y defensa y especialista en política internacional de la Universidad Externado, respondió sobre lo que podría ocurrirle a Cabello.
«Yo creo que el señor Diosdado Cabello sabe muy bien que sus días están contados y que este incidente puede ser utilizado por el gobierno norteamericano para habilitar su captura y su extradición a Chile o directamente a Estados Unidos», aseguró Libreros, agregando que es claro que el nuevo lío judicial de Diosdado Cabello pone en graves aprietos a la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. «Si Diosdado Cabello resulta responsable, pone en una situación muy difícil al gobierno interino que también hizo parte del mismo gobierno de Maduro y del señor Diosdado Cabello. Y dos, también pone a Estados Unidos en una situación crítica porque en última instancia quien va a tomar la decisión sobre una eventual extradición o no, no es Miraflores, no es Delcy Rodríguez, es directamente Donald Trump», añadió.
Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por la captura de Diosdado Cabello, señalado de narcotráfico y otros delitos. Las principales organizaciones de derechos humanos del mundo lo señalan de múltiples asesinatos en su país. Sin embargo, sería el asesinato del exteniente Ronald Ojeda el que podría terminar sellando su futuro.
