A más de 150 días de los eventos del 3 de enero, la estructura de detención y persecución en Venezuela permanece activa, según denunció Dignora Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela.
La dirigente opositora afirmó que el eventual cierre del centro conocido como El Helicoide y el traslado de los detenidos a otras instalaciones no representan una solución real al problema de los presos políticos. “Cerrar El Helicoide y trasladar a los presos políticos para otro centro de tortura no soluciona el problema de fondo”, enfatizó.
Hernández denunció la existencia de más de 90 propiedades confiscadas a ciudadanos venezolanos —muchos de ellos actualmente privados de libertad— que operan como centros clandestinos de detención y tortura en todo el territorio nacional. Estas instalaciones, según la vocera, forman parte de un sistema de control que persiste más allá de cualquier medida superficial como el traslado de reclusos.
La información fue difundida por la red de periodismo ciudadano Reporte Ya y recogida por El Pitazo, medio que ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos en el país. Hernández, quien fue excarcelada en febrero de 2026 tras haber estado detenida en El Helicoide, ha sido una voz crítica sobre las condiciones de reclusión y las prácticas represivas.
Contexto de las denuncias
Organizaciones como Foro Penal y la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU han documentado durante años la existencia de centros de detención clandestinos operados por cuerpos de seguridad del Estado, donde se habrían registrado casos de torturas y desapariciones forzadas temporales. Las propiedades mencionadas por Hernández corresponderían en muchos casos a bienes confiscados a opositores o ciudadanos señalados por el régimen.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial del gobierno de Nicolás Maduro a estas nuevas declaraciones. El posible cierre o traslado desde El Helicoide ha generado expectativa entre familiares de detenidos, aunque activistas insisten en que se trata de una reorganización del aparato represivo en lugar de un avance hacia la liberación de presos políticos.
Vente Venezuela, partido liderado por María Corina Machado, ha mantenido una línea dura contra lo que considera un “sistema de control” que viola sistemáticamente los derechos humanos.
