El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó este 3 de noviembre los resultados de la evaluación del Estado venezolano sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en Ginebra.
Después de que el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, y el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, participaran en Ginebra, Suiza, para que la ONU consulte cómo el Estado está atacando sus compromisos internacionales sobre los derechos humanos el pasado 10 de octubre, el organismo multilateral «ve con preocupación» que los poderes públicos estén parcializados hacia el gobierno de Nicolás Maduro y no protejan los derechos humanos de los venezolanos.
Esta sería la quinta evaluación que tiene Venezuela frente a la ONU. La comunidad internacional reiteró, una vez más, que los más vulnerables frente a estos incumplimientos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PDCI) en el país son los presos políticos, los activistas de derechos humanos, los políticos críticos al madurismo, las mujeres, las poblaciones indígenas, la comunidad sexodiversa y los niños, niñas y adolescentes.
Entre las preocupaciones más fuertes de la ONU frente al PDCI se incluyeron las restricciones de los venezolanos a actualizar sus datos o inscribirse en el registro electoral, más aún de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y los comicios para gobernadores, alcaldes y diputados de la Asamblea Nacional de 2025.
«Se insta a Venezuela a garantizar que todas las personas, incluidos los jóvenes, disfruten plena y efectivamente del derecho a la participación política, garantizando su inscripción en el registro electoral nacional», expresa el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Pidieron al Estado venezolano que facilitara elecciones justas, transparentes, inclusivas y pluralistas a todos los niveles, garantizando el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos.
El Comité expresó su «grave preocupación» por las acusaciones de que instituciones judiciales, administrativas y constitucionales, como el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Corte Suprema de Justicia, «han estado restringiendo el espacio democrático mediante la inhabilitación política para impedir que miembros de partidos de oposición desempeñar un cargo público».
Lamentó que algunos opositores políticos ya hayan sido inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024.
Una vez más, el poder público es imparcial
El Comité «lamenta», por tercera vez consecutiva, que la Defensoría del Pueblo venezolano no acate ninguna recomendación del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Sobre todo después del 2016, cuando la comunidad internacional rebajó a la Defensoría del Pueblo a la «categoría B», como observador del subcomité porque no cumple con los acuerdos internacionales sobre derechos fundamentales.
«En particular, le preocupan al Comité los informes que aluden a la incapacidad de la Defensoría del Pueblo de pronunciarse sobre los problemas de derechos humanos en el Estado parte de forma equilibrada, imparcial y objetiva, poniendo en duda la independencia de esa institución», se lee en el documento.
Lo mismo ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia, la ONU establece que magistrados del poder judicial tienen «supuestos vínculos con los partidos políticos», como el Partido Socialista Unido de Venezuela, que representa a Nicolás Maduro y su gabinete.
«Asimismo, preocupan las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que cercenan los derechos de participación política con la destitución de representantes públicos elegidos democráticamente, su ilegal arresto y la negación de sus privilegios e inmunidades constitucionales», alude la ONU a las elecciones primarias de la oposición el pasado 22 de octubre, donde María Corina Machado ganó los comicios pero el Tribunal, el 30 de octubre, dejó «sin efecto» el evento electoral.
Estado de excepción que parecen interminables
«Preocupa al Comité la aplicación prolongada del Estado de Excepción de Emergencia Económica que tuvo efecto entre enero de 2016 y abril 2021. En particular, preocupan las informaciones de que las medidas de excepción no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y que sus funciones de control y aprobación en la gestión pública durante este período fueron suspendidas, permitiendo al Poder Ejecutivo manejar los recursos públicos sin la aprobación parlamentaria, contrario a lo establecido en el artículo 339 y 399 de la Constitución», dice la ONU.
Del mismo modo, el ente multilateral reitera que el régimen venezolano ha usado la figura de los estados de excepción para cometer violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales de periodistas, de defensores de derechos humanos, de líderes sindicales y de pueblos indígenas, «así como la suspensión del derecho a la reunión pacífica», donde utilizan la fuerza de funcionarios de seguridad o paraestatales como «los colectivos» para reprimir a la población.
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