La Casa Blanca conversa con líderes demócratas y republicanos para hallar “la mezcla correcta” de políticas que den resultados positivos para la democracia en Venezuela. Un enfoque de “máxima presión” está descartado, según un funcionario de alto rango en Washington.
Estados Unidos seguirá ejerciendo una presión significativa sobre el gobierno de Venezuela, en alianza con el bipartidismo norteamericano y diversos países, para que el chavismo cumpla con los acuerdos políticos firmados en Barbados y pueda celebrarse una elección presidencial competitiva este año, prevén los expertos.
Un fallo judicial en Venezuela pareció dar una estocada a la posibilidad de una votación transparente y justa, como espera la comunidad internacional.
El viernes, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ratificó que María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora con amplísima ventaja, no podrá ser candidata por una inhabilitación de la Contraloría, por 15 años.
Estados Unidos anunció entre sábado y lunes que renovaría sus sanciones económicas contra la estatal minera venezolana Minerven, desde el 13 de febrero, y contra las operaciones de petróleo y gas en Venezuela a partir del 18 de abril, cuando vence una licencia que alivió esas mismas restricciones como incentivo a los pactos políticos.
Delegados del chavismo y de la oposición firmaron en octubre en Barbados una serie de acuerdos para mejorar las condiciones electorales, comprometiéndose a respetar el mecanismo de escogencia de sus candidatos, aceptar observación internacional proba y fijar la votación presidencial para el segundo semestre de este año.
Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estados de Estados Unidos, advirtió esta semana que el arresto de opositores y la inhabilitación de candidatos para las presidenciales son “inconsistentes” con los acuerdos de Barbados.
Voceros del chavismo repudiaron el ultimatúm de Estados Unidos, amenazando con suspender los vuelos de deportación de venezolanos desde la nación norteamericana a Caracas, que se reanudaron hace 3 meses en el marco de los acuerdos de Barbados.
Así, Washington tiene ahora entre manos “un problema” para lograr que el gobierno venezolano cumpla sus compromisos de Barbados, según Geoff Ramsey, analista del centro de estudios estadounidense The Atlantic Council.
“Esencialmente, se ha quedado sin formas de presionar a Maduro. ¿Cómo se amenaza a un régimen que ya ha aguantado múltiples intentos de golpe, una invasión mercenaria fracasada y años de sanciones económicas?”, expresó a la Voz de América.
Pedro Tellechea, presidente de la estatal petrolera PDVSA y ministro de petróleo de Venezuela, dijo esta semana que el gobierno de Maduro estaba preparado para “cualquier tipo de circunstancias”, en referencia a un renovado escenario de sanciones.
Consultas al bipartidismo
Las conversaciones bilaterales y directas entre Washington y Caracas derivaron el año pasado en vuelos de repatriación de venezolanos desde Estados Unidos, el canje de detenidos y, en buena medida, en la firma de los acuerdos de Barbados.
Alex Saab, colaborador económico y diplomático de Maduro, detenido en la Florida y considerado como el prisionero en el extranjero de mayor interés del chavismo, fue liberado en el intercambio de arrestados, concretado a mediados del mes pasado.
Un funcionario de alto rango en la Casa Blanca explicó el martes que la administración del presidente Joe Biden ha reenfocado sus sanciones a tratar de “cambiar el comportamiento del régimen” de Maduro, con énfasis en sus facilitadores y su flujo de ingresos económicos, en vez de mantener una política de “máxima presión”.
El vocero adelantó que la Casa Blanca conversa con representantes de los partidos republicano y demócrata para hallar “la mezcla correcta” de medidas que den resultados positivos en Venezuela, admitiendo que ese objetivo es “un camino largo”.
Con el concurso bipartidista, Estados Unidos espera “recalibrar” sus políticas hacia Venezuela sobre la base del “progreso o retroceso” de los acuerdos políticos, añadió.
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