La Cámara de Diputados del Congreso de España aprobó una Proposición No de Ley que insta al gobierno de Pedro Sánchez a solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) que se emitan órdenes de aprehensión contra el presidente Nicolás Maduro y otros miembros de su régimen.
El proyecto fue aprobado con los votos mayoritarios de los diputados del Partido Popular y VOX. También instó a Sánchez a “emitir un comunicado público dirigido a Nicolás Maduro, exigiendo el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos y personas arbitrariamente detenidas”.
Asimismo exige “adherirse a la demanda presentada en 2018 y dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y requerir avances en la Situación Venezuela 1, y solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro Moros y otros sospechosos de la perpetración de crímenes de lesa humanidad”.
Por último, la propuesta pidió al gobierno español presentar ante el Congreso de los Diputados “un informe sobre las actuaciones realizadas por la Embajada de España en Venezuela en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles víctimas de crímenes de lesa humanidad”.
Más temprano, la diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo publicó una carta firmada por familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad que agradecían y respaldaban a los diputados españoles que expresaron su preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
«Expresamos nuestra preocupación por algunas críticas realizadas por el grupo parlamentario de PSOE, relativa a la supuesta ‘interferencia’ de la aludida PLN en el trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», indica la misiva.
“España es un Estado parte del Estatuto de Roma de la CPI y asimismo ha suscrito los principales instrumentos internacionales de protección de los DD HH, que le confieren la responsabilidad de proteger los derechos universalmente reconocidos, por ende, cualquier actuación dirigida a prevenir, procesar y castigar a los responsables de los crímenes más atroces es un deber de la comunidad internacional”, añaden.
Por tanto, concluyeron que solicitar justicia a la CPI jamás puede ser considerado como una interferencia, pues “esta solo puede ser considerada cuando se obstruye el acceso de evidencias”.
“La mayoría de los diputados del Congreso de España han coincidido en lo esencial, en el fondo, en la gravedad de la situación de Venezuela, en los ataques contra la población civil en forma sistemática y generalizada”.
