El juez de distrito, Reggie B. Walton, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, concedió la moción de Bradley T. Smith y el resto de los demandados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para desestimar la contramoción de Samark López Bello que pedía desestimar su designación dentro de la Ley Kingpin, así como el congelamiento de sus bienes en territorio estadounidense o de realizar un juicio sumario y, ordenó desecharla.
Por: Maibort Petit
La moción de los demandados
El 7 de enero de 2022, Brian M. Boynton, Asistente del Fiscal General Interino pidió a la Corte del Distrito de Columbia denegar la contramoción de Samark López Bello y otorgar la moción de los demandados, Bradley T. Smith y otros, para desestimar o, en su defecto, para realizar un juicio sumario, y dictar sentencia a favor en todos los reclamos.
Refiere el documento de la fiscalía que cuando en febrero de 2017 la OFAC designó simultáneamente como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) al demandante, Samark José López Bello, y al Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela y narcotraficante internacional, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, la dependencia del Departamento del Tesoro actuó en ejercicio de la autoridad que se le otorgó a través de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.
La OFAC determinó que López Bello ayuda materialmente y brinda apoyo o servicios a las actividades de narcotráfico internacional de El Aissami, a cuyo nombre también actúa.
Ante el pedido del demandante de que se revoque la decisión bien razonada de la OFAC, los demandados advierten que López Bello en su oposición combinada y su moción cruzada no identifica ningún error de la agencia.
Sostienen los demandados a través de su moción, que el alegato de López Bello de calificar de arbitraria y caprichosa su designación a razón de que al momento de formularse, pues El Aissami aún no había sido designado como SDNT, no encuentra base en la ley o la lógica. En tal sentido, subrayan que la “Ley Kingpin permite expresamente la designación del testaferro de un capo siempre que también se designe al capo; no se requiere la designación previa del capo en una acción administrativa separada”.
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