Aula Abierta y Transparencia Venezuela advierten que los apagones de 2026 son la consecuencia de una década de desfalcos, obras inconclusas y opacidad institucional
Mientras millones de venezolanos enfrentan cortes de electricidad de hasta 12 horas diarias en varias regiones del país, la organización Aula Abierta y Transparencia Venezuela coinciden en un diagnóstico contundente: la crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no se explica por fenómenos climáticos ni por sanciones externas, sino por un patrón sistemático de “gran corrupción” que desvió decenas de miles de millones de dólares y dejó al país con una infraestructura deteriorada e insuficiente.
En el programa radial e institucional Aula Abierta Radio, emitido el 19 de agosto, Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, y Manuel Sánchez, coordinador de proyectos de la misma organización, analizaron el informe de 2021 titulado “Crisis eléctrica en Venezuela: no es El Niño, es la corrupción”. Aunque el documento examina el período 2009-2021, sus hallazgos —opacidad, falta de mantenimiento, sobrecostos y desviación de fondos— permiten comprender el recrudecimiento de los apagones registrado desde febrero de 2026.
Miles de millones invertidos, resultados mínimos
Según Transparencia Venezuela, solo en proyectos destinados al sector eléctrico el Estado desembolsó más de 29 mil millones de dólares desde 2010. Otras investigaciones y el informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional (2015-2020) elevan las cifras: entre 1999 y 2014 se asignaron cerca de 37.691 millones de dólares a 40 proyectos, con sobrecostos estimados en más de 23.000 millones. En dos décadas, según el exdiputado Elías Matta, se habrían invertido alrededor de 105 mil millones de dólares en electricidad, de los cuales una parte significativa se perdió en contratos sin licitación, empresas de maletín y obras que nunca generaron la potencia prometida.
Casos emblemáticos ilustran el desfalco:
- Central Hidroeléctrica Tocoma (Manuel Piar): presupuestada inicialmente en unos 3.000-3.900 millones de dólares, terminó costando entre 9.000 y más de 10.000 millones. Alcanzó un 87 % de avance civil, pero nunca entró en operación plena. Hoy produce cero megavatios de los 2.160 proyectados. Recientemente el gobierno interino anunció un nuevo acuerdo con la empresa argentina IMPSA para “rescatarla”, sin publicar costos ni condiciones.
- Plantas termoeléctricas de Derwick Associates: la empresa, sin experiencia previa, obtuvo contratos por unos 5.000 millones de dólares en 14 meses. De 22 unidades instaladas, solo cuatro funcionaban adecuadamente. Sobreprecios estimados superaron los 2.900 millones.
- Otros proyectos como Termozulia, el cable sublacustre del lago de Maracaibo, parques eólicos en Guajira y Paraguaná, y modernizaciones en Guri quedaron inconclusos o operan muy por debajo de su capacidad.
Desde 2010, Corpoelec dejó de publicar indicadores técnicos de gestión. No hay licitaciones abiertas conocidas ni rendición de cuentas pública. La opacidad se ha mantenido e incluso se ha agravado: en 2026 no se ha publicado la Ley de Presupuesto.
“Gran corrupción”: un concepto con rostro humano
Mercedes de Freitas explicó en el programa de Aula Abierta que la “gran corrupción” no se define solo por el volumen de dinero robado, sino por cuatro características: alcance internacional (lavado de activos en múltiples países), impunidad garantizada por la captura de las instituciones de justicia, impacto brutal en los derechos humanos y participación del alto gobierno.
“Cuando hablamos de gran corrupción en Venezuela estamos hablando de cifras que no tienen comparación con otros países. Un caso de 5 millones de dólares puede ser gigantesco en Cuba; aquí es casi insignificante”, señaló. El impacto se traduce en muertes por falta de diálisis en hospitales sin electricidad, deterioro de la salud mental, paralización de laboratorios universitarios, pérdida de alimentos y cierre de comercios.
Manuel Sánchez identificó dos factores estructurales del colapso: la inexistencia de un parque termoeléctrico de calidad (marcado por corrupción y obras inconclusas) y la alta dependencia de la generación hidroeléctrica del Bajo Caroní. Cuando bajan los niveles de los embalses o fallan las líneas de transmisión saturadas, el sistema colapsa.
Impacto en la vida cotidiana y los derechos humanos
Aula Abierta documentó que los cortes prolongados —especialmente fuera de Caracas— mantienen “apagado el espacio cívico”. En estados del interior, las interrupciones llegan a 8-12 horas diarias. Universidades no pueden realizar clases, investigaciones ni evaluaciones; hospitales suspenden tratamientos; familias pierden alimentos y enfrentan temperaturas extremas sin ventilación.
La organización presentó la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 196 período de sesiones, argumentando que la crisis eléctrica vulnera derechos económicos, sociales y culturales (DESCA), el derecho a la educación superior y los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica.
Mientras el oficialismo atribuye las fallas a “El Niño”, calor extremo, sanciones o supuestos sabotajes, expertos y organizaciones de la sociedad civil coinciden: el problema es estructural, de gobernanza, de desprofesionalización y de saqueo sistemático.
¿Hay salida?
Sin auditoría independiente, sin transparencia en los contratos, sin recuperación del mantenimiento y sin un cambio de modelo de gestión, los especialistas advierten que los anuncios de “rescate” de obras como Tocoma o la incorporación de unos cientos de megavatios no resolverán el déficit estructural. El país opera con una capacidad disponible muy inferior a la instalada y a la demanda.
La crisis eléctrica venezolana de 2026 no es un accidente climático. Es, según las voces de Aula Abierta y Transparencia Venezuela, el resultado previsible de años de opacidad, impunidad y desfalco. Mientras tanto, millones de ciudadanos siguen viviendo a oscuras, pagando con su salud, su educación y su dignidad el precio de una corrupción que se institucionalizó.
