El proyecto de Hugo Chávez Frías terminó siendo la pesadilla de cientos de venezolanos que aún buscan a sus seres queridos entre los escombros de las OPP, conjuntos residenciales construidos por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Con el colapso de estas edificaciones por los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, también se vino abajo la consigna de “viviendas dignas” con la que el chavismo intentó responder a dos de las mayores tragedias naturales del país: el deslave de Vargas de 1999 y las lluvias que dejaron miles de damnificados a finales de 2010.
Por: Estefani Brito – El Nacional
Entre los escombros de estas estructuras quedaron familias enteras, años de espera y una política pública que durante más de una década fue presentada como uno de los principales logros de la revolución bolivariana. Entre las víctimas se encontraba la familia de Valeria Matos. “Mi tía Mariana Rodríguez de Díaz estuvo luchando para que le dieran una vivienda digna y está allí, bajo los escombros”, señaló con dolor.
Además de la tía, perdió a otros cuatro familiares que residían en el octavo piso de la Torre A de la OPP 22. La abuela, Alicia Magallanes, a quien le adjudicaron otra vivienda en el primer piso del mismo edificio; su madre, Milagros Josefina Matos Magallanes; su sobrino Mathias Jesús Medina González, de cinco años de edad; y su padre José Pérez, que permanece desaparecido bajo los escombros del edificio.
La historia de esa familia resume la paradoja de la política habitacional gubernamental. Sobrevivieron al deslave de Vargas de 1999, esperaron más de una década por una vivienda y finalmente —tras años de esfuerzo— recibieron apartamentos construidos por el Estado. Los sobrevivientes señalaron que las edificaciones adjudicadas presentaban fallas de origen que colapsaron totalmente con la sacudida telúrica, dejando más de un millar de apartamentos destruidos.
Situada en el sector Caribe-Tanaguarenas de Caraballeda, la Torre A de la OPP 22, que adoptó su nombre de la OPPPE, fue la única de los cuatro edificios del complejo habitacional de 392 apartamentos que se derrumbó completamente. Sin embargo, no fue el único urbanismo construido por el Ejecutivo que resultó afectado.
Un levantamiento cartográfico elaborado por la organización VE360 identificó los conjuntos residenciales desarrollados por la OPPPE en Caraballeda (actual estado La Guaira, antes Vargas), ejecutados en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que colapsaron: la OPP 25, la OPP 26, la OPP 27, la OPP 30, la OPP 33 y la OPP 35.
Urbanismos de la OPPPE colapsados en Caraballeda
Resumen de infraestructura y viviendas afectadas por complejo
| Urbanismo | Estructura / Edificaciones | Total Viviendas | Estatus / Detalle |
|---|---|---|---|
| OPP 22 | 4 bloques | 392 | 1 torre colapsada |
| OPP 25 | 7 torres | 686 | Afectado |
| OPP 26 | 13 edificios | 876 | Afectado |
| OPP 27 | 4 bloques | 392 | Afectado |
| OPP 30 | 2 torres | 192 | Afectado |
| OPP 33 | 3 edificios | 240 | Afectado |
| OPP 35 | 4 bloques | 392 | Afectado |
| TOTAL GENERAL | 37 torres / bloques | 3.172 | Inmuebles afectados |
Las grietas, filtraciones y fallas estructurales no aparecieron con los terremotos. En algunos edificios se evidenciaron poco después de la entrega de las viviendas. Luego, en distintas oportunidades, funcionarios de la GMVV inspeccionaron la Torre A de la OPP 22 y prometieron reparaciones, pero nunca las ejecutaron.
“Desde el día que mi abuela se mudó tuvo muchos problemas con filtraciones. Su apartamento era el más afectado y muchas partes del edificio estaban agrietadas mucho antes del terremoto”, relata Matos.
Más allá de las razones técnicas del colapso, la pregunta es quiénes estuvieron detrás de las OPP a partir de decretos presidenciales, gacetas oficiales, providencias administrativas y otros documentos públicos.
La historia de las OPP de La Guaira puede rastrearse desde que Hugo Chávez decretó la adquisición forzosa de terrenos estratégicos en Caraballeda y puso en marcha una estructura administrativa que se convertiría en uno de los principales brazos ejecutores de la política habitacional de su gestión.
La génesis de una política de Estado
El primer hito es el Decreto Presidencial 8.062, publicado en la Gaceta Oficial 39.621, del 22 de febrero de 2011, que declaró de utilidad pública 41 parcelas en la parroquia Caraballeda y otros terrenos en Macuto y Urimare, y ordenó la adquisición forzosa para desarrollar el proyecto “Viviendas dignas para el pueblo de Vargas”.
En los 78.414 metros cuadrados afectados había parcelas pertenecientes al Caraballeda Golf & Yacht Club, de promotoras inmobiliarias, empresas constructoras y propietarios particulares que desde el deslave de 1999 mantenían paralizados proyectos residenciales, recreacionales o comerciales. El Gobierno declaró que eran áreas disponibles para acelerar la respuesta a la emergencia habitacional y las sometió a un procedimiento de adquisición forzosa —expropiación— establecido en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social de 2002.
A través de un solo acto administrativo, el Estado no solo aseguró la disponibilidad del suelo para desarrollos habitacionales, sino que también definió quién administraría esos terrenos, quién desarrollaría los proyectos y qué organismo coordinaría su ejecución. El decreto de Hugo Chávez Frías, presidente de la República, fue refrendado por su gabinete. Entre ellos, el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua Milano; el ministro para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina Peñaloza; el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani; el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro Moros; el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami; y el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez Carreño.
La política habitacional trascendía el ámbito exclusivo del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Comprometía decisiones relacionadas con la planificación territorial, la disponibilidad presupuestaria, la coordinación interministerial y la representación jurídica del Estado. La Procuraduría General de la República, encabezada por Margarita Luisa Mendola Sánchez y, posteriormente, por Carlos Escarrá Malavé, condujo el procedimiento de adquisición forzosa de los terrenos.
Los próximos pasos incluyeron la planificación urbanística, el diseño de los proyectos, la contratación de estudios técnicos y, finalmente, la construcción de los desarrollos habitacionales prometidos. Todos fueron asignados a un organismo que había sido creado poco más de un año antes: la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales.
El brazo ejecutor del proyecto habitacional
La Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales fue creada mediante el Decreto 6.970, publicado en la Gaceta Oficial 39.297 del 2 de noviembre de 2009, como un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia. No nació con el propósito específico de desarrollar programas de vivienda, sino como una instancia destinada a ejecutar proyectos vinculados al Ejecutivo Nacional. Francisco Ameliach la dirigió desde el 13 de octubre de 2010 hasta el 13 de mayo de 2011, cuando fue sustituido por Erika Farías.
Ese carácter cambió radicalmente tras las lluvias de finales de 2010. La emergencia habitacional llevó al Gobierno a utilizar la OPPPE como el instrumento para acelerar la construcción de urbanismos. El Decreto 8.062 ordenó la adquisición de terrenos en Vargas y asignó a la oficina la responsabilidad de administrar esas parcelas, desarrollar los proyectos urbanísticos, contratar estudios especializados, preparar los urbanismos y coordinar la ejecución de las obras. Todavía la Gran Misión Vivienda Venezuela no había desplegado toda su estructura operativa.
La historia institucional de las OPP no comienza con la marca política de la GMVV, sino con una oficina presidencial que asumió funciones de planificación y ejecución antes de que el programa de viviendas alcanzara su expansión. La consolidación del proceso ocurrió un año después. Mediante el Decreto Presidencial 8.890, publicado en la Gaceta Oficial 39.896 del 2 de abril de 2012, Chávez creó las Áreas Vitales de Vivienda y de Residencia (Avivir) en Vargas y aparecían sectores identificados como OPPPE 22, OPPPE 23, OPPPE 24 y OPPPE 25, una denominación que evidencia que se encontraban bajo la planificación o administración del Ministerio del Despacho de la Presidencia.
Para la expansión de su política habitacional, el Presidente desarrolló una estructura administrativa destinada a coordinar la planificación, adquisición de terrenos, financiamiento y ejecución de los proyectos en todo el país. La OPPPE formó parte de ese engranaje. Su trabajo se integraba dentro de un sistema de decisiones en el que participaban la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el recién creado Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Una estructura esencial para entender cómo se construyeron los urbanismos en el estado La Guaira.
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