La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó a la Asamblea Nacional la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, publicada en 2017 y criticada por la mayor coalición opositora como parte de un «marco legal represivo».
«He solicitado a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y para corregir desviaciones en su aplicación», expresó la mandataria interina en una publicación en redes sociales.
Agregó que esta reforma busca «abrir nuevos espacios» para el reencuentro entre los venezolanos y «promover la tolerancia a la diversidad en pleno respeto a la dignidad humana». «Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela», agregó.
La Ley contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, luego de que Nicolás Maduro la solicitó expresamente para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que según el oficialismo dispararon una ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esa legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio» y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».
Organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos han señalando que la vigencia y aplicación retrospectiva de la norma también representa una de las principales barreras institucionales para el libre ejercicio del periodismo independiente en la nación.
