Dos hermanas, una de ellas menor de edad, permanecen privadas de libertad desde noviembre de 2025 en Venezuela, acusadas de delitos como terrorismo sin que existan pruebas en su contra. Su único vínculo con los hechos es ser hermanas del primer teniente Christian Hernández Castillo, militar venezolano que se encuentra en el exilio tras ser acusado de traición a la patria por el régimen de Nicolás Maduro.
Aranza de los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años, y Samantha Sofía Hernández Castillo, de 16 años, fueron detenidas de manera arbitraria por funcionarios de seguridad del Estado. Samantha fue sacada por la fuerza de la casa de sus abuelos el 19 de noviembre de 2025, y dos días después, Aranza fue detenida en su residencia en El Valle, Caracas, en una operación que incluyó el uso de armas y encapuchados.
Según denuncias de organizaciones de derechos humanos como Un Mundo Sin Mordaza, Amnistía Internacional y activistas como Tamara Sujú, las jóvenes son víctimas de una práctica conocida como Sippenhaft —término alemán que se refiere al castigo colectivo a familiares de opositores, utilizado históricamente por el régimen nazi—. Esta táctica ha sido documentada en Venezuela como un método sistemático de represión para presionar a perseguidos políticos mediante la detención de sus parientes.
Las hermanas Hernández enfrentan cargos de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Sin embargo, no hay evidencia pública de su participación en ningún acto delictivo. Llevan más de cuatro meses detenidas sin juicio definitivo. Se han suspendido al menos cinco audiencias y se les negó la aplicación de la Ley de Amnistía, a pesar de que expertos señalan que su caso califica bajo las disposiciones de protección especial para menores y el debido proceso.
Su madre, Ámbar Castillo, ha denunciado públicamente la situación en entrevistas y redes sociales, exigiendo la liberación inmediata de sus hijas. Otros familiares, incluyendo un tío, también han sido víctimas de desapariciones o detenciones en el marco de esta persecución.
Organizaciones internacionales y locales han pedido a las autoridades venezolanas la libertad inmediata e incondicional de Aranza y Samantha, así como el cese de las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Amnistía Internacional ha calificado el caso como parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos que afecta especialmente a jóvenes y familiares de disidentes.
Este caso se suma a decenas de denuncias similares en Venezuela, donde el sistema judicial es utilizado como herramienta de hostigamiento contra opositores y sus círculos cercanos.
