Un análisis forense de metadatos realizado por el activista digital venezolano Giuseppe Gangi (@ggangix) ha generado fuerte controversia en torno al Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 5 de febrero.
Según la investigación difundida en redes sociales y respaldada con capturas de metadatos, el documento PDF oficial —divulgado por el diputado Jorge Arreaza— fue creado el 6 de febrero de 2026 a las 6:43 p.m. (hora de Venezuela), es decir, un día después de la sesión en la que la AN lo aprobó por unanimidad en primera discusión.
Principales hallazgos
- Fecha de creación: 6 de febrero de 2026, posterior a la aprobación parlamentaria.
- Programa utilizado: El texto fue redactado en Microsoft Word 2016 y convertido a PDF mediante la herramienta en línea gratuita iLovePDF.
- Autora registrada en los metadatos: Arianny Seijo Noguera, quien no aparece como diputada en la actual composición de la Asamblea Nacional. Sin embargo, formó parte de la delegación oficial de 27 personas enviada por Delcy Rodríguez a La Haya en 2023 durante la controversia por el Esequibo.
- Nombre original del archivo: En una versión relacionada con la consulta pública, el documento conservó el título “EN ARAGUA PSUV CAPACITARÁ TESTIGOS ELECTORALES”, lo que evidencia una mezcla entre funciones partidistas del PSUV y el proceso legislativo.
Gangi ha publicado evidencias verificables (incluyendo hashes SHA256, headers y copias del PDF) para evitar posibles modificaciones o eliminaciones posteriores por parte de fuentes oficiales.
“Esta es la exposición total de cómo ha gobernado y gobierna el chavismo, una mamarrachada total”
— Gustavo Cárdenas (@gustav0cardenas)
Desde la oposición y sectores independientes se interpreta el hallazgo como una prueba adicional de improvisación y falta de seriedad en el manejo legislativo, especialmente en un contexto de alta sensibilidad política: la ley busca otorgar amnistía general por delitos políticos y conexos desde 1999 hasta enero de 2026, excluyendo crímenes de lesa humanidad, pero con alcance acotado a diez episodios específicos de convulsión social.
El gobierno, por su parte, mantiene que el proyecto —impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez— es un paso hacia la reconciliación y la paz nacional. Jorge Rodríguez, presidente de la AN, visitó este viernes una prisión en Caracas y prometió a familiares de presos políticos que “el martes que viene y a más tardar el viernes estarán todos sueltos”, una vez culminado el trámite legislativo.
Hasta el momento, ni la Asamblea Nacional ni voceros oficiales han emitido respuesta directa sobre los metadatos cuestionados. El proyecto continúa en fase de consulta pública antes de su segunda discusión y eventual sanción.
Organizaciones de derechos humanos y analistas independientes han llamado a transparentar el proceso de redacción y aprobación, mientras la ciudadanía sigue debatiendo si esta ley representa un genuino gesto de distensión o una maniobra dilatoria frente a presiones internacionales por la liberación de presos políticos.
